Uscal pide a los consistorios que se dirijan a servicios oficiales en temas de salud

La Unión Sindical de Castilla y León (Uscal) recordó ayer a los ayuntamientos de la provincia que cualquier asesoramiento o información en materia de salud pública —especialmente respecto a las medidas fijadas por el coronavirus— en la apertura, vigilancia y control de piscinas, restauración y albergues y abastecimiento de agua corresponde a los farmacéuticos y veterinarios de la Junta de Castilla y León.

Por este motivo, el secretario general de Uscal, Manuel Martínez, remitió ayer un escrito al gerente de Atención Primaria del Área de Salud de León, José Pedro Vázquez, recordándole estas competencias ante las recomendaciones por parte de algunos coordinadores de los Centros de Salud de León en los que aconsejaban a alcaldes a llevar a cabo actuaciones en el control del Covid-19; como es el caso de Mansilla de las Mulas, en las que el coordinador de dicha Zona Básica de Salud aconsejó hace unos días a los regidores municipales lleven a cabo actuaciones derivadas de actividades y establecimientos públicos (clausura de todas las fuentes de agua públicas, mantener cerradas las piscinas, ludotecas, etc).

En el escrito, Martínez apunta que el artículo 19 de la Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León define las competencias de los equipos de salud pública y establece que «los equipos de salud pública son los órganos colegiados multidisciplinares de cada una de las demarcaciones sanitarias, que se organizarán bajo el principio general de polivalencia de funciones de las personas que lo componen, para asegurar fundamentalmente el cumplimiento de las funciones de inspección y control oficial reguladas en esta ley y la normativa que sea de aplicación».

Por ello, el secretario general de Uscal en su escrita le reitera a Vázquez que «mientras no se constituyan oficialmente estos equipos, son los farmacéuticos y veterinarios de Salud Pública de la Junta de Castilla y León los que tienen que asesorar e informar a las corporaciones locales y llevar a cabo las tareas encomendadas en dicha Ley (controlar las situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública, gestionar los servicios y medios sanitarios para la consecución de los objetivos de las actuaciones de la prestación de salud pública, fomentar el cumplimiento de las garantías de calidad de la prestación de salud pública, realizar inspecciones y otros actos de control oficial, etc.)».

Además, Martínez añade que en todas las Zonas Básicas, la Consejería de Sanidad dispone de profesionales de salud pública, veterinarios y farmacéuticos, que mediante controles oficiales garantizan que las actividades anteriormente mencionadas no supongan un riesgo para la salud de las personas, siendo ellos los únicos que tienen la capacidad y formación para evaluar los riegos que puedan existir de transmisión de Covid-19 como consecuencia de tales actividades.

«Por la tanto, y con el fin de evitar confusión en la ciudadanía y en los ayuntamientos, la parte asistencial del sistema sanitario se debería abstener de realizar este tipo de declaraciones o juicios de valor y remitir a los profesionales de la Salud Pública cualquier cuestión relacionada con la prevención y control de la pandemia, pues son los veterinarios y farmacéuticos los que disponen de la información necesaria», concluye.