El ‘cielo’ que convirtió el paraíso en Mordor

Cuando el día 26 de abril de comienzo el juicio penal por el genocidio medioambiental que provocó el cielo abierto de Nueva Julia, habrán pasado tres lustros desde que la Junta permitió al dueño de Coto Minero Cantábrico, Victorino Alonso, explotar uno de los enclaves de la Reserva de la Biosfera de Babia. «Incluso la comisión de gobierno del ayuntamiento de Cabrillanes nos ha dado su visto bueno», declaraba el empresario de la que por entonces aún era MSP. No faltaban precedentes. Alonso ya habían convertido los valles en Mordor, en un a cadena de explotaciones — Feixolín, Ladrones, Salguero-Prégame-Valdesagadas, Fonfría, ampliación del Feixolín— que contó con la anuencia de la Junta. Como siempre ocurrió con el empresario minero, las instituciones actuaban de manera paralela, cuando no contraria, para que la red de permisos y sanciones impidiera la paralización de las cortas. En el caso de Nueva Julia, la Comisión Territorial de Urbanismo de León concedía al gigante minero la autorización de uso de suelo rústico para un cielo abierto de 278 hectáreas y lo hacía tan sólo unos días después de que el fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de León decidiese abrir una investigación tras la denuncia de Montaña de Babia y Filón Verde puesto que la mina afectaba a un territorio amparado por varias figuras de protección. Según consta en el informe de Fiscalía, la actividad de MSP, después CMC, se llevó a cabo de manera plenamente consciente y deliberada sin tener en cuenta las disposiciones de la Declaración de Impacto Ambiental. Ésta se aprobó en el año 2003 y permitía a la empresa explotar un total de 278,39 hectáreas de terreno de forma directa para la extracción de carbón mientras que otras 127,39 hectáreas estarían dedicadas a labores de restauración sobre antiguas explotaciones ya abandonadas. Nada de lo anterior se cumplió y la zona se destruyó con pistas de acceso, balsas de decantación y escombreras, dedicándola de manera íntegra a la extracción directa de carbón a cielo abierto, sin distinguir en modo alguno zona de explotación de la de restauración. La empresa llegó incluso a adentrarse casi 20 hectáreas en un monte de utilidad pública, perteneciente al ayuntamiento de Villablino, sin contar con la autorización legal ni licencia de ningún tipo.

Las asociaciones medioambientales advirtieron desde el principio del destrozo que la corta estaba provocando en un ecosistema frágil, declarado Reserva de la Biosfera, y hábitat de especies en peligro de extinción. Todo dio igual. Recurrieron a la Delegación de Minas y denunciaron que la corta se había comido ya una superficie de 405 hectáreas entre los pueblos de Carrasconte, Piedrafita y Quintanilla, en un territorio que se encuentra junto a los LIC Valle de San Emiliano y Alto Sil. Los ecologistas destacaron entonces que era un islote rodeado de varias figuras de protección e interrumpía el principal afluente de la cabecera del río Luna», eje fluvial del valle de Babia y Luna. De hecho, y según pusieron de manifiesto, la explotación supondría un trasvase entre cuencas, pues se pretendía evacuar el agua del río de Quintanilla por las galerías de las minas subterráneas ya existentes, «lo que supondrán unos daños irreversibles a la hidrología del río Luna». Fue así que las plataforma Asociación Montaña de Babia y Luna y Filón Verde exigieron la paralización de cualquier trabajo en Nueva Julia y la suspensión total de la actividad.

Pero los años pasaron y la explotación no se detuvo. Siguieron las explosiones y el envenenamiento de las aguas y el subsuelo de un espacio que la administración tenía la obligación de proteger. En 2010 llega el primer varapalo para Victorino Alonso y la Junta cuando el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas admite la demanda de la UE contra el Reino de España por las irregularidades cometidas por Castilla y León en todos los cielos abiertos de la MSP. Las conclusiones del gobierno de la Unión Europea para denunciar no dejaban un sólo rescoldo a las dudas. Nadie con conocimientos en derecho medioambiental pensaba que una explotación a cielo abierto podía ponerse en marcha en zonas en las que pervivían especies en peligro de extinción, como el oso pardo cantábrico o el urogallo. Pero se hizo. Y aquí aparece una de las paradojas que siempre acompañaron la actividad de Alonso. En el caso de Nueva Julia, la actividad extractiva se llevó a cabo infringiendo la normativa establecida y por esta razón se abrieron los siguientes procedimientos sancionadores por parte de la Junta: invasión de vías pecuarias, invasión del monte de utilidad pública. En este punto, los archivos recogen que la empresa llegó incluso a impedir a un agente medioambiental de Castilla y León llevar a cabo sus funciones y uno de los trabajadores de la MSP le obligó a abandonar el lugar sin cumplir su función. Hubo además un expediente de Industria, Comercio y Turismo y dos del Servicio Territorial de Medio Ambiente (años 2009 y 2010). Sin embargo, la explotación de Nueva Julia siguió adelante. Nadie la paralizó. Es más, en enero de ese mismo año, la Junta desautorizaba a la Comisión Europea y defendía que concedió todos los proyectos legalmente. El por entonces consejero de Medio Ambiente, Antonio Silván, aseguraba que todos los proyectos incluidos en la demanda —Feixolín, Ladrones, Salguero-Prégeme-Valdesagadas, Fonfría, ampliación del Feixolín y Nueva Julia— habían sido tramitados conforme a la normativa en vigor «en el momento de su aprobación». Es decir, la institución autonómica se escudaba en que la legislación europea había cambiado después de la puesta en marcha de las explotaciones, como si los cielos abiertos fueran islas fuera del tiempo y de la evolución de la normativa legal.

En el año 2012, los miembros de Filón Verde, José Francisco Fernández Gatón, Luis Álvarez y Eduardo M. González, denunciaban el doble juego de la administración. Porque los cielos abiertos se pusieron en marcha mientras se cerraban las minas de interior. ¿Con qué propósito? Con el de llevar a cabo la reconversión de las cuencas a través de la amortización de puestos de trabajo. El juzgado de los Contencioso Administrativo número 1 de León ordenaba dos autos en los que aceptaba la solicitud de paralización solicitada por los grupos ecologistas. La consecuencia inmediata fue la de siempre. Victorino Alonso aprobó un ERE y utilizó a los 65 trabajadores como rehenes para que la administración reabriera la explotación. El resultado no se hizo esperar y los miembros de Filón Verde recibieron ataques por parte de los partidarios de la explotación minera.

El pueblo se llenó de señales que localizaban para quien quisiera dar el siguiente paso en la escalada de violencia las casas de los ecologistas y a sus hijos les señalaban e insultaban en el colegio. Poco después, un militante de Los Verdes, Emilio Santiago Gómez, denunció una agresión por parte de dos encapuchados que intentaron quemarle la granja. Y eso que la gran hazaña de la industria carbonera a cielo abierto había sido la destrucción del empleo. En total, a la altura de 2012, la Junta había consentido el cierre continuado de minas y pozos con un coste laboral de más de 1.500 trabajadores. Mientras, el empresario había recibido alrededor de mil millones en ayudas directas sin que el mantenimiento del empleo fuera una obligación.

Por eso resulta tan sonrojante el papel del por entonces delegado del Gobierno y hoy consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones, que aseguraba que el cielo abierto se reabriría cuando en enero de 2012 el juez ordena paralizar de manera cautelar el cielo abierto de Nueva Julia.