EE.UU. busca torturadores en su propio suelo

«No vas a volver a curar», le dijo el soldado al doctor Juan Romagoza mientras le ataba los dedos de la mano derecha con un alambre. Los de la izquierda ya estaban inútiles por un tiro de bala a bocajarro, «la señal del comunista», como le informaron con sorna. Colgarle así, con los cables rasgándole los tendones y las articulaciones de sus dedos de cirujano, fue uno de los tantos tormentos que sufrió en los 24 días más oscuros de su vida, que pasó en la sede de la Guardia Nacional, en San Salvador. Su agonía se produjo a menos de 50 metros de la oficina del director general del cuerpo, Carlos Eugenio Vides Casanova, quien en una ocasión le visitó en su celda y observó impasible cómo los sicarios le torturaban, según Romagoza. La pesadilla comenzó el 12 de diciembre de 1980, cuando el ejército salvadoreño atacó un pequeño pueblo en el departamento de Chalatenango en cuya clínica Romagoza trabajaba como galeno. La muerte zumbó a su alrededor y derribaba cuerpos. Sintió una bala reventándole el tobillo y esquilas en la cabeza, pero no fue su hora. «A mí por ser médico, porque dijeron 'es un comandante, es un comandante', no sabían nada, tal vez por eso estoy vivo», rememoró Romagoza con el caos prendido de sus palabras. Lo llevaron a San Salvador pero, al contrario que miles de sus compatriotas, Romagoza salió de las mazmorras, gracias, según él, a la intercesión de unos tíos militares. Inmediatemente huyó a Estados Unidos, donde pasó quince años intentando olvidar. Un día descubrió que este país también había acogido a sus torturadores. Su caso no es extraordinario. Unas 2.000 personas que son responsables por abusos de los derechos humanos viven impunemente en EE.UU., según los cálculos de Richard Krieger, un ex funcionario del Departamento de Estado que ahora se ocupa de rastrearlos al frente de la organización no gubernamental Misiones Educativas Internacionales. El Gobierno reconoce la gravedad del problema y para atajarlo ha creado la Unidad de Violadores de los Derechos Humanos del Departamento de Justicia, que en marzo cumplirá un año de existencia. No obstante, carece de un cálculo propio de cuántos torturadores y verdugos viven en el país, según Víctor Cerda, jefe de personal y asesor legal principal interino de la Unidad. Entre ellos están, por ejemplo, el general Jean-Claude Duperval, condenado en ausencia en Haití por el asesinato de decenas de habitantes de un barrio pobre en los años 90, y que 2002 trabajaba en Disney World, en Florida. En Modesto (California) vive el ex capitán salvadoreño Alvaro Saravia Marino, quien, según la Comisión de la Verdad de este país, participó en el asesinato de Monseñor Oscar Romero, arzobispo de El Salvador, y que aparentemente ha solicitado asilo político aquí. Y, por supuesto, desde 1989 residen en Florida Vides Casanova y el ex ministro de defensa salvadoreño José Guillermo García, que presuntamente fueron responsables, además de la tortura de Ramagoza, de crímenes contra la humanidad y detenciones arbitrarias. De este modo, mientras tras la Segunda Guerra Mundial la Argentina de Juan Domingo Perón fue el destino de numerosos fugitivos nazis, Estados Unidos se ha convertido en el refugio predilecto de muchos criminales de guerra modernos. James Madison y Thomas Jefferson, que concibieron la república estadounidense como un baluarte de los derechos fundamentales, probablemente se revuelven en sus tumbas. La responsabilidad de investigar estos casos recaía hasta el pasado marzo en la Unidad de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, que además se ocupaba de terrorismo internacional y contraespionaje extranjero. No es motivo de expulsión A juicio de Víctor Cerda, el Gobierno ha demostrado su «compromiso de largo plazo» para actuar contra estos criminales «con la designación de personal en la sede central específicamente a cargo de estos casos», en la nueva Unidad contra Violadores de Derechos Humanos, que cuenta con tres abogados. No obstante, los agentes operan con las manos atadas, ya que ser responsable de atrocidades no es un motivo para la expulsión de EE.UU. Por ello, tienen que descubrir si además de torturar y asesinar, estos individuos han infringido las leyes de inmigración para poder deportarles.