Acuerdo para que las mujeres puedan abortar en los hospitales de Sacyl

Las Cortes de Castilla y León alcanzaron ayer un amplio acuerdo, únicamente rechazado por Vox, para que la sanidad pública de esta Comunidad (Sacyl) garantice la práctica de abortos en sus hospitales, con la única limitación de la objeción de conciencia de los sanitarios, aunque algunos grupos han lamentado que el registro de profesionales lleve 10 años sin actualizar, lo que en la práctica limita el alcance de este acuerdo. Actualmente, ningún hospital de Castilla y León practica los abortos recogidos en la Ley y la intervenciones se contratan con clínicas privadas.

Esta iniciativa del PSOE, defendida por el procurador Jesús Puente, ha sido enmendada por Ciudadanos y finalmente han logrado el acuerdo del PP y de Podemos en torno a un texto que incluye además la gratuidad de los métodos anticonceptivos para personas con escasos recursos económicos, algo que en la iniciativa original vinculaba a la juventud.

Puente lamentó la «resistencia ideológica» a aplicar en su integridad la ley del aborto de 2010 y calificó de «incomprensible» que Sacyl no haya garantizado su cobertura en centros públicos de la Comunidad y haya sometido a las mujeres a viajes interprovinciales y también a otras autonomías para completar su aborto quirúrgico en clínicas privadas.

El representante socialista defendió la necesidad de incrementar el número de interrupciones de embarazo por medios farmacológicos, menos agresivos y con menor dependencia de terceras personas, en lugar de apostar por los abortos quirúrgicos, condicionados a la existencia de equipos médicos dispuestos, y ha vinculado esta realidad con la preferencia de las clínicas privadas que los realizan.

De hecho, Puente lamentó que en Castilla y León únicamente el 3,1% de los abortos sean farmacológicos, frente al porcentaje que se observa en otras autonomías como Galicia, de hasta el 30%.

La procuradora de Ciudadanos Marta Sanz defendió una enmienda al texto socialista que finalmente ha logrado el consenso, únicamente tras puntualizar el PSOE que debía quedar reflejado que la garantía de los abortos se refería a los hospitales públicos y con respeto a la objeción de conciencia.«Hay debates que la sociedad española tiene superados o debería», reflexionó Sanz, convencida de que se debe hacer «todo lo posible» para garantizar este derecho, a lo que se opuso el procurador de Vox, Jesús García-Conde, defensor de que los abortos queden «al margen de la sanidad pública» y se prime la «esfera familiar» en la toma de decisiones, aunque también ha planteado la necesidad de que haya un protocolo de atención a adolescentes embarazadas y a familias que esperan hijos con malformaciones.

Esta intervención llevó a la representante de Podemos, Laura Domínguez, a cuestionar la reflexión sobre si este debate está o no superado en la sociedad española y lamentó que «por desgracia para las feministas hay luchas que no van a acabar nunca».

Por su parte, el procurador del PP Alejandro Vázquez lamentó que «incomprensiblemente» el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado aún sobre el recurso que planteó su partido contra ocho preceptos de la ley del aborto de 2010 y ha asegurado que este debate es «de escasa actualidad». Vázquez aseguró que «lo único» que impide que se realicen abortos en los hospitales públicos de la Comunidad es la existencia de la objeción de conciencia de profesionales, lo que limita la práctica, aunque destacó que en Castilla y León al menos se realizan abortos en el hospital de Miranda de Ebro (Burgos), algo que no ocurre en autonomías como Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón.