miércoles. 07.12.2022

Algunos socios de investidura de Pedro Sánchez, como Compromís, Bildu y Más País, abogaron por un decreto pactado con las comunidades autónomas para crear un «paraguas jurídico» y evitar que los tribunales puedan revocar las decisiones que adopte un territorio. Para la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, es «jurídicamente posible» y evitaría que el 10 de mayo fuese «la ley de la selva». El diputado de Compromís Joan Baldoví se ha sumado a la petición de que Sánchez convoque a los presidentes autonómicos para consensuar medidas que no puedan echar atrás los jueces, mientras el líder de Más País, Íñigo Errejón, confía en que Sánchez exponga hoy una «alternativa» común para todas las autonomías para evitar «una guerra de guerrillas» entre ellas.

«No somos muy partidarios de entrar en una especie de mercado persa y de acuerdos uno a uno», ha comentado Errejón.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, fue tajante en su rechazo a mantener la alarma y ha achacado que lo pidan algunas comunidades a que «están mucho más cómodos» si tienen a la gente encerrada en casa mucho tiempo.

El País Vasco es una de las regiones que se inclina por renovar el mecanismo excepcional que prevé la Constitución. No obstante, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en declaraciones a Onda Cero, propuso buscar una solución política a través de una «legislación puente» que sirva de escudo ante las acciones que se puedan tomar en el próximo trimestre.

La Generalitat no pide a Sánchez que prolongue la alarma, aunque su consellera de Presidencia, Meritxell Budó, da a entender que si los datos siguen siendo preocupantes, hará falta un mecanismo «excepcional». Para Budó, fue «prematuro» anunciar ya el fin del estado de alarma, al tiempo que ha instado a Sánchez a no supeditar su decisión a los «intereses electorales» en Madrid.

Aragón, gobernada por la izquierda, resta importancia al fin del estado de alarma al recordar su consejera de Sanidad, Sira Repollés, que las autonomías cuentan con una ley que permite los confinamientos de unidades territoriales diferentes a los regionales

Los aliados del Gobierno piden un decreto pactado para crear un «paraguas jurídico»
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