En dos años la superficie forestalordenada será de 756.000 hectáreas Ordenación forestal

La Consejería de Medio Ambiente tiene previsto que en los dos próximos años el número de hectáreas de superficie forestal ordenada se eleve hasta 756.500, frente a las 493.000 actuales, para lo que se invertirán cerca de 10 millones de euros. Así lo ha afirmado el consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, durante la presentación del Plan de Ordenación Forestal de Castilla y León. Según explicó, «cualquier política forestal es a largo plazo y no consiste sólo en hablar de cantidad de hectáreas arboladas, y por tanto de repoblaciones, sino también de calidad, y la protección de los bosques y su conservación es sinónimo de gestión sostenible, para que sea la base de la calidad del sector forestal, de biodiversidad y de desarrollo de oportunidades, empleo y riqueza en el mundo rural». Recordó, además, que en una comunidad como la nuestra (4,8 millones de hectáreas forestales de las que casi 3 son arboladas) hay mucha diversidad forestal y de necesidades de ordenación, algo que no ocurre en ningún otro lugar de Europa, ya que aquí confluyen especies atlánticas y mediterráneas con presencia de hayedos, pastizales de montaña, encinares y pinares, cada una de las cuales necesita soluciones diferenciadas de ordenación. Planificación a largo plazo Fernández Carriedo, al que acompañaba Mariano Torre, director general de Medio Natural, explicó que Castilla y León ha incrementando de forma importante las hectáreas ordenadas pasando de 157.000 en el año 1900 a 365.000 al finalizar el siglo XX, superándose las 454.000 sólo en los cinco últimos años. «Como consecuencia de este esfuerzo, la Comunidad es la que cuenta con mayor superficie de gestión pública ordenada de España, ya que ninguna otra llega a las 300.000, lo que ha supuesto que tengamos la primera marca de calidad de España en gestión forestal y el máximo número de hectáreas con certificación forestal», afirmó. Las previsiones de la Consejería de Medio Ambiente indican que a las 454.000 hectáreas ordenadas de titularidad pública, se añadan otras 224.600 (1.114 montes), ya que están contratados los documentos de ordenación. En cuanto a las de propiedad privada, se sumarán a las 39.300 hectáreas actuales otras 38.600 (203 montes). «En total, se alcanzará en el año 2009 la cifra de 756.500, que supone en sólo dos años un aumento del 54%», afirmó. El consejero explicó que las directrices de gestión de los bosques duran hasta 100 años y llevan actuaciones para llevarlas a cabo que se realizan cada 10 o 15. Esa ordenación se materializa en tres fases: Inventariar, Organizar y Programar los trabajos. El inventario sirve para valorar las posibilidades y recursos que se deben potenciar y las restricciones y riesgos a tener en cuenta. Incluye datos sobre factores ambientales y ecológicos (relieve, clima, calidad del suelo, flora, fauna), características de las masas forestales (dimensiones de los árboles, relaciones entre especies, estado sanitario, riesgo de incendios) y las infraestructuras existentes (caminos, cerramientos, tomas de agua). También se valora su estado socioeconómico (usos tradicionales, industrias relacionadas), que permitirá la consideración del monte como generador de bienes y servicios analizando sus condicionantes económicos y su relación con la demanda social de los mismos. A continuación, se determinan los usos actuales y potenciales (protección ecológica, recreo, producción), las restricciones que puedan imponerse, los usos, los objetivos concretos de la ordenación y su división en zonas homogéneas. Por último, se programan las actuaciones para los próximos 10-15 años, que son de mejora (optimizar las condiciones ecológicas, de uso recreativo y de producción) y de aprovechamiento (madera, setas, miel, piñones, pasto, biomasa). Aprobado el documento de gestión, se ejecutan los trabajos de mejora y aprovechamiento, tras los cuales se evalúan los resultados así como los cambios existentes en la situación del monte, y se propone una actualización de la gestión, que se materializaría en un nuevo documento. Las actuaciones de mantenimiento y mejora comprenden tratamientos silvícolas (clareos, podas), obras para lograr una red viaria óptima, crear y mantener áreas destinadas al uso público, acondicionar senderos o mejoras ganaderas. La ordenación asegura, además, el mantenimiento y ampliación de la masa arbolada mediante regeneración natural y repoblaciones. Con todo ello se consigue controlar la erosión, proporcionar agua de calidad, conservar hábitats para flora y fauna, obtener productos renovables (madera, turismo, caza y pesca, ganadería extensiva, frutos, corcho y biomasa), fijar CO 2 y depurar el aire. En este sentido, Fernández Carriedo recordó que «Castilla y León tuvo el año pasado unos derechos de asignación de emisiones de CO 2 de 16 millones de toneladas, y sólo nuestros bosques absorbieron 12 millones de toneladas, es decir el 75%». El objetivo final es obtener la certificación forestal, que garantiza al consumidor que cualquier producto forestal procede de un bosque gestionado de forma sostenible. En Castilla y León esta certificación alcanza las 230.000 hectáreas de montes públicos que incluyen 125.391 de la comarca de pinares de Soria y Burgos, 97.897 de los pinares de Segovia y 6.630 hectáreas de choperas de León.