Las autonomías gestionan el estado de alarma con toque de queda hasta mayo

España ha vuelto a la casilla de salida. Cuatro meses después de la finalización del primer estado de alarma para combatir el coronavirus, el Gobierno aprueba de nuevo su implantación para intentar doblar el pulso a la segunda ola de la pandemia, que ya ha dejado a su paso tres millones de contagiados. La pretensión del Ejecutivo es que este mecanismo de excepción se prolongue durante seis meses y medio, hasta el próximo 9 de mayo, aunque estará en las manos del Congreso aprobar esta prórroga. Esta vez no está previsto el confinamiento domiciliario pero sí un toque de queda nocturno obligatorio para todo el país, salvo Canarias que por su situación epidemiológica favorable se queda fuera. De once de la noche a seis de la mañana sólo se podrá transitar por causas justificadas, como adquirir medicamentos, desplazamientos laborales, regresar al domicilio o cuidar a mayores o menores de edad. Aunque las autonomías podrán ampliar o restringir este plazo en una hora, como ya lo hace Castilla y León desde el sábado. «La batalla será dura, pero con disciplina social, resistencia, unidad y moral de victoria lo volveremos a lograr», advirtió Pedro Sánchez en una comparecencia desde la Moncloa.

A diferencia de marzo, las medidas que incluyen este decreto, que entró en vigor ayer mismo, son menos estrictas y dan más margen a las comunidades, sobre las que recae exclusivamente el mando, tal y como prometió el propio presidente en verano cuando les ofreció un estado de alarma a la carta y como le reclamaron este viernes algunos líderes regionales. El órgano de cogobernanza que dirigirá la crisis será el Consejo Interterritorial de Salud, que tendrá en su mano ir modulando las medidas en función de la situación epidemiológica. «El liderazgo —insistió Sánchez— será compartido».

Según explicó, las autonomías también podrán decidir y aprobar sin autorización judicial confinamientos perimetrales de barrios, ciudades o de la comunidad entera, limitando en ese caso los viajes entre distintas regiones. Esto permite por ejemplo que las comunidades puedan cerrarse si tienen una autonomía fronteriza muy afectada, algo que se han planteado en alguna ocasión Castilla y León por su proximidad a Madrid.