Calvo ve posible confinar las autonomías sin estado de alarma

El Gobierno cree que los temores de las comunidades ante el escenario que pueda plantearse tras el 9 de mayo si, como está previsto, decae el estado de alarma, son infundados. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, insistió hoy en un argumento que lleva repitiendo diez días: que la acción coordinada del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están representados el Ejecutivo central y los autonómicos, ofrece capacidad de respuesta suficiente para afrontar lo que queda de pandemia. Pero esta vez fue más allá e incluso dio a entender que será posible decretar cierres perimetrales como los que se han activado en los últimos seis meses, bajo el paraguas del decreto a punto de decaer, si ese órgano aprecia que hay alguna autonomía «en una situación de particular incidencia», como ocurre ahora con el País Vasco, Navarra y Madrid.

Calvo también desdeñó la advertencia de varios presidentes autonómicos sobre los problemas que puede acarrear estar a expensas de las ratificaciones de los tribunales superiores de justicia, como ocurrió hasta el 25 de octubre, antes de la aprobación de la alarma y replicó, en una entrevista en Canal Sur, que «en el 99%» de los casos la justicia avaló entonces las restricciones acordadas por distintos gobiernos para restringir la movilidad de los ciudadanos. Lo cierto es que esas decisiones judiciales fueron muy dispares ante supuestos similares. Las afirmaciones de la número dos del Ejecutivo no solo han irritado a algunos gobernantes sino que han provocado el estupor de los juristas y de los magistrados del Tribunal Supremo.

La vicepresidenta, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aducen una y otra vez que el pasado marzo el alto tribunal determinó que las decisiones del Consejo Interterritorial son «de obligado cumplimiento» y que eso lo convierte en un instrumento muy poderoso. Ayer, además, Calvo sostuvo que su margen de actuación es amplísimo. «Salvo el confinamiento en nuestras casas, que es lo que limita de verdad nuestra libertad deambulatoria, y que solo se puede tomar por la vía de una situación excepcional del artículo 116 de la Constitución por afectar a derechos fundamentales, casi todo es posible con las legislación sanitaria vigente, las acciones coordinadas y las ordenes ministeriales», aseguró.

«Único instrumento»

La decisión del Supremo a la que se remite el Ejecutivo, sin embargo, no dice que el Consejo Interterritorial, un órgano meramente consultivo y de coordinación entre las comunidades y el Ministerio de Sanidad, permita a las comunidades ordenar restricciones de derechos fundamentales, como serían el confinamiento perimetral o la limitación de las reuniones sin el estado de alarma.