Castilla y León impide el voluntariado a implicados en violencia de género

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobará en verano el proyecto legislativo con el que la Comunidad quiere dar rango de ley, seguridad jurídica y sostenibilidad económica a su tercer sector social, que integran 3.300 entidades sin ánimo de lucro que prestan más de 5.000 servicios.

Para ello, desde ayer, el anteproyecto de ley colgará durante 20 días del portal del Gobierno Abierto de la Junta con el fin de recoger e incorporar sugerencias y que sea una ley de todos y de «consenso», planteó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en rueda de prensa. La consejera incidió en que se articula un voluntariado más moderno y seguro, con nuevas modalidades, y una mayor protección en los casos en los que los voluntarios actúan con menores, ya que se impide el acceso a personas implicadas en casos de violencia de género, doméstica o atentados a la vida, que se suman al impedimento que ya existía por casos de pederastia.

En la práctica, esta nueva ley, que era necesaria para reconocer además el papel del tercer sector social en la comunidad, que no incluye a la Iglesia ni a las entidades con ánimo de lucro, hace «de obligado cumplimento prácticas que se hacían ahora de manera habitual», ha detallado Blanco.

El objetivo es que el Consejo de Gobierno apruebe el proyecto de ley en torno al verano para su posterior tramitación en las Cortes, en un proceso que irá acompañado del decreto de concertación social, para dar sostenibilidad financiera al sector, que tiene una tramitación más reducida y que puede estar en dos o tres meses.

El anteproyecto de ley define qué es y que no es tercer sector social, que posiblemente sea más amplio que esas 3.300 entidades actuales, de las que el 55,16 % trabajan con mayores, el 9,97 % con personas con discapacidad, el 4,54 por la inclusión, el 4,24 con la infancia con el fin último de «promover la inclusión social».

El texto compone un marco legal de referencia, plantea la creación de un censo de organizaciones, para conocer la realidad del tercer sector, establece las obligaciones y garantiza fórmulas de participación concertada, con un trabajo en red. Incluye la financiación a través del 0,7 % del IRPF y articula distintas fórmulas dirigidas a la sostenibilidad financiera de esas entidades.

La ley incluye un Plan Estratégico para el impulso y promoción del tercer sector, con una vigencia de cuatro años, en los que se realizarán actuaciones de promoción dirigidas a favorecer el mecenazgo y patrocinio.

En el quinto capítulo se incluyen las condiciones de trabajo tanto del personal laboral como de los voluntarios, y los mecanismos de transparencia, control y evaluación.

Blanco explicó que ligado al tercer sector aparece el papel del voluntariado, que se regula también en esta ley, con el fin de actualizar la normativa que les afecta y que tiene más de trece años, en una Comunidad con 200.000 voluntarios y 414 entidades, de las que el 80 por ciento son del ámbito social.