Ceaps pide financiación para el nuevo modelo residencial
Tras la aprobación ayer del nuevo acuerdo de Criterios Comunes de Acreditación y Calidad de Servicios del Sistema de Atención a la Autonomía y la Dependencia, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas manifiesta que ahora es el momento de que el Estado y las Comunidades Autónomas pongan la financiación suficiente para llevarlo a cabo.
En un comunicado, Ceaps considera que esta financiación debe comenzar por mejorar las aportaciones que ambas administraciones hacen a las 180.000 personas que perciben PEVs (Prestación Económica Vinculada al Servicio) y que verán incrementadas sus tarifas. «Si actualmente las PEVs no son suficientes para hacer frente a los costes de los servicios no podrán asimilar el precio del nuevo modelos», subraya la entidad.
«El Gobierno lo ha vuelto a hacer. Como hizo con la Ley de Dependencia, ha planteado un conjunto de medidas pero no las ha dotado de financiación suficiente», añade la patronal de las residencias de Castilla y León, que apoya la postura del gobierno autonómico, que votó en contra del nuevo modelo.
Ceaps incide en que el acuerdo de acreditación contempla un incremento porcentual de ratios. «Algo que todos deseamos para mejorar la atención», explica Cinta Pascual, presidenta de Ceaps. «Preocupa, por ejemplo, que muchas comunidades tendrán que subir el precio de concierto de las plazas de cantidades tan bajas como 54 euros (o incluso menos) a 75 mínimo (plaza/día), y esperamos que tengan los fondos suficientes para hacerlo”. En centros de día el incremento iría de 27 euros a 50 (persona/día)».
Pascual apunta como solución la puesta en marcha de un procedimiento exprés de actualización de tarifas para que «todas las personas mayores, con independencia de quién preste el servicio, ya sea de manera pública, privada, mediante concierto o prestación de la Ley de Dependencia (PEVs) puedan tener acceso a los servicios que necesitan»; si no, puntualiza. «volveremos a tener una norma sobre el papel que no puede llevarse a la práctica». La federación critica que reduce la capacidad de plazas que necesitará el país con la llegada del baby boom, y segundo lugar porque se está confundiendo calidad con unidades convivenciales.