Diario de León

El Cermi pide contar con las personas con discapacidad tras la pandemia

Reclaman un partida de 300 millones en los presupuestos para el sector social

Castilla y León tiene 178.000 personas con discapacidad. FRANCISCO GUASCO

Castilla y León tiene 178.000 personas con discapacidad. FRANCISCO GUASCO

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La Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem), se ha unido al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y a la Fundación Cermi Mujeres (FCM) para exigir que las personas con discapacidad estén presentes en la reconstrucción social y económica del país tras la pandemia. Feacem señala que las personas con discapacidad han sido uno de los grupos sociales «más castigados» en el covid-19, que les ha colocado en una «posición de fragilidad extrema» ante una emergencia sanitaria de estas proporciones.

Con motivo de la celebración, este jueves, del Día Internacional y Europeo de las personas con discapacidad, celebrado ayer, la federación de centros se une al manifiesto del Cermi en el que se alerta del «impacto exacerbado de la pandemia» en las personas con discapacidad y sus familias y de la «devastación intensa y extensa» que ha afectado a este grupo de la población y en sus estructuras y redes de apoyo. Para conseguir la «anhelada reconstrucción social y económica» Feacem y Cermi abogan por una alianza entre los poderes públicos, el tejido empresarial y la sociedad civil organizada, para «llevar a cabo una auténtica co-gobernanza».

Entre las medidas concretas que plantean, destaca la creación «inmediata», en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, de un Fondo de rescate de emergencia postpandemia de 300 millones de euros para el sector social de la discapacidad, dentro de uno más amplio y global de 1.000 millones de euros para todo el tercer sector de acción social de ámbito estatal.

También señalan el «papel clave» del empleo en esa reconstrucción por lo que también se demanda la adopción de un nuevo marco estatal para la inclusión laboral que permita aumentar, en cinco años, la tasa de actividad laboral hasta el 50%, lo que supondría la «creación de más 200.000 nuevos empleos dignos y decentes».

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