El cierre de instituciones por la pandemia impide los trabajos comunitarios alternativos a la prisión
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En España sólo una tercera parte de los condenados por algún delito ingresa en prisión. Los demás pueden evitar la cárcel haciendo un trabajo comunitario o un tratamiento para su comportamiento delictivo. Los últimos datos de Instituciones Penitenciarias indican que en 2019 hay 117.965 personas realizando estas medidas alternativas, según la memoria de Interior aún sin publicar.
En la cárcel, para finales de ese mismo año, existía una población reclusa de 58.518 personas, casi la mitad de los que no ingresaron. "Es más la población que atendemos fuera de prisión que la que está dentro", ratifica Francisco Lagunas, jefe del área de Medidas Alternativas y Trabajo Social de Instituciones Penitenciarias. El 88% de los beneficiados cumple con el "trabajo en beneficio de la comunidad" por delitos relacionados con la seguridad vial, la violencia de género, la pornografía infantil, o por haber ocasionado lesiones a otras personas o por atentar contra el patrimonio.
El método tiene buenos resultados . Por una parte, de los 117.000 casos del año pasado, sólo en 250 no se cumplió lo acordado en el tiempo estipulado. Por otra, representa un ahorro importante para el Estado. Una persona en prisión cuesta unos 60 euros al día, calcula Lagunas, un desembolso que baja a tres euros con la medida alternativa. Al mismo tiempo, el condenado puede hacer vida familiar y comunitaria, mantiene su trabajo o recibe una formación u orientación que puede ayudarle, sobre todo en los casos de suspensión de condena.
Pero este programa que comenzó en 1995 ha encontrado en la pandemia un obstáculo inesperado. Debido al cierre de instituciones y otras entidades afectadas por el coronavirus, unos 5.000 condenados no tienen ahora dónde realizar las actividades que sustituyen el ingreso en prisión . Y el tiempo apremia. "El déficit surge a raíz de la pandemia", explica Lagunas. "Antes estaban cubiertas todas las plazas pero ahora hay 5.000 personas en gestión. Queremos que todas las administraciones, como consejerías, diputaciones, cabildos o ayuntamientos, se impliquen en proporcionar estas tareas de utilidad pública. Son sus ciudadanos".
Como solución se han impulsado de manera telemática los talleres de sensibilización, que el año pasado hicieron casi 8.000 personas. "Los talleres y programas reeducativos demuestran su eficacia, con muy buenos resultados", asegura Concepción Herreros, responsable del Area de Prisiones de Cruz Roja, una de las entidades que colabora con Instituciones Penitenciarias aportando unos 1.800 puestos de trabajo comunitario al año. "Por ejemplo, se ha comprobado que sólo el 6,8% de los agresores de pareja reinciden tras el tratamiento en el programa de intervención".