Las comunidades no gobernadas por el PP apoyan la nueva ley de Educación

Esta vez las comunidades del PP no se levantaron de la reunión, como sucedió en julio. En esta ocasión, se quedaron durante toda la conferencia sectorial. Eso sí, para insistir en que la ley de Educación que cocina el Gobierno del PSOE es un “despropósito”, “un viaje al pasado”. El consejero de Educación de Madrid fue más allá y pidió la retirada del anteproyecto, que supone la derogación de la LOMCE, la polémica norma aprobada durante el mandato del ministro José Ignacio Wert (PP). Mientras, las comunidades no gobernadas por el PP apoyaron el texto. Eso sí, con algunos peros. Canarias  (Coalición Canaria) hizo hincapié en la financiación y el profesorado; Euskadi (PNV), en las competencias autonómicas; y Navarra (Geroa Bai), en la necesidad de ser más ambicioso. En las comunidades gobernadas por el PSOE, como Andalucía y Aragón, el respaldo fue total.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, salió satisfecha de la reunión (de cuatro horas) con los consejeros, a la que, por parte de Catalunya, no asistió Josep Bargalló sino Carles Martínez, secretario de Políticas Educativas. Celaá aseguró que la norma -que tiene que ser aprobada por segunda vez en Consejo de Ministros y después iniciar el trámite parlamentario- goza de un enfoque transversal para recalcar la igualdad entre hombres y mujeres, la educación no sexista y la prevención en violencia de género. Cuando la norma sea una realidad, habrá un título único al finalizar la ESO y la repetición de curso será “la última opción”, algo completamente “excepcional”. Para que un alumno repita curso -España tiene el índice más alto de repetidores de todos los países de la OCDE- deberá haber un informe de todos los profesores. En el caso de que el estudiante repita tendrá tutorías personalizadas y se podrá acceder al título de Bachillerato con un suspenso (uno solo), aunque el alumno deberá cumplir unos requisitos previos.

En el caso de las autonomías con lengua cooficial, el proyecto de ley concede a las autonomías la regulación de la lengua y reserva al Estado el 55% de las competencias en el desarrollo de los temarios curriculares. “Todo el alumnado terminará la educación básica con el nivel adecuado para expresarse oralmente y por escrito en una y otra lengua”, reza el anteproyecto.

 

RELIGIÓN NO CONTARÁ PARA NOTA

Religión se seguirá ofreciendo en las escuelas, pero no tendrá una asignatura espejo alternativa. No contará para nota ni tampoco para la obtención de becas ni servirá para hacer la media en los procesos de acceso a la universidad. El texto también prevé recuperar la anterior prueba de acceso a la enseñanza universitaria. Todos los estudiantes cursarán una asignatura de Valores cívicos y éticos, que se impartirá en un curso tanto de Primaria como en la ESO.

La ley, en palabras de la titular de Educación, supone “modernizar” la anterior ley, la LOE (2006). Es una norma “moderna, realista, completa y ambiciosa”. Sin embargo, el consejero de La Rioja, Alberto Galiana (PP), calificó el texto de “una vuelta al pasado” que, además, “atenta contra la libertad de las familias para elegir centro” porque el objetivo del ministerio es potenciar la educación pública en detrimento de la privada. El consejero madrileño, Rafael van Grieken (PP), insistió en que la norma no atiende las necesidades educativas del siglo XXI y se mostró partidario de potenciar las competencias del Estado. Mientras, la representante de Aragón, Mayte Pérez (PSOE), aplaudió que, por fin, se derogue la “lesiva” 'ley Wert'.