Ocho comunidades presionan para que se decrete el estado de alarma

País Vasco, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra y Cantabria, por este orden, además de la ciudad autónoma de Melilla, pidieron ayer al Gobierno central, tras el discurso del presidente Pedro Sánchez, la declaración del estado de alarma en sus territorios. Lo hicieron para poder tomar sus propias medidas de control de la pandemia sin temor a reveses judiciales. Además, Castilla-La Mancha anunció que la solicitará este sábado. En total, cinco gobernadas por el PSOE y dos por los nacionalistas.

La intervención de Sánchez desencadenó una caótica cascada de peticiones casi inmediatas (País Vasco lo reclamó menos de una hora después de que hablara el presidente). En realidad, las palabras de Sánchez no habían significado ninguna variación del marco jurídico respecto a la situación anterior ni eliminaban obstáculos la declaración del estado de alarma. Todo seguía igual. Desde hace meses, el presidente del Gobierno ha invitado a las comunidades autónomas a pedir esta figura constitucional, pero hasta ayer ninguna se había atrevido a hacerlo por temor a las consecuencias políticas de decretar las restricciones. Con los peores datos de la segunda ola de la pandemia, la situación ha cambiado y el estado de alarma se ha vuelto un instrumento imprescindible para tomar medidas. La declaración del estado de alarma en estas comunidades, una facultad que está en manos del Consejo de Ministros, se decretará en los próximos días. Fuentes gubernamentales no descartan que este domingo se celebre un Consejo de Ministros extraordinario con este asunto en el orden del día. Si no, la decisión se retrasaría hasta el martes, cuando se celebra el Consejo de Ministros ordinario.

Cada comunidad quiere el estado de alarma para sus propios fines, pero sobre todo, para blindarse jurídicamente a la hora de establecer restricciones, después de que los tribunales hayan expresado su rechazo, a través de resoluciones, a algunas de las medidas.