lunes. 06.02.2023

El Congreso blindó ayer la prohibición en España de toda publicidad que favorezca o fomente la prostitución. Lo hizo a través de la aprobación de una enmienda socialista a la nueva ley del aborto que modifica la ley General de Publicidad y declara de forma expresa que es ilícito todo anuncio que «promueva la prostitución», por lo que lo que tanto el autor como el difusor pueden ser perseguidos y sancionados con las fuertes multas y demás castigos que se prevén para las vulneraciones de la norma.

La enmienda socialista, de hecho, vuelve a colocar este asunto justo en los términos de prohibición total y expresa en que quedó hace dos meses con la entrada en vigor de la ley del ‘solo sí es sí’, que incluía el mismo cambio ahora ratificado en la ley de publicidad. El problema surge porque el texto del proyecto de ley del aborto que el Consejo de Ministros aprobó en agosto y mandó al Congreso mantenía la ilicitud de cualquier publicidad sexista, machista, que promueva la violencia contra la mujer o los menores o que discrimine por sexo, raza, aspecto, opción sexual o discapacidad, pero suprimía, en contra del criterio socialista, la coletilla explícita relativa a la prostitución incluida en el ‘solo sí es sí’.

Esta modificación es una de las que hoy introdujo en la futura ley la Comisión de Igualdad del Congreso, que, con los votos de todo el hemiciclo salvo PP, Vox y Ciudadanos, dejó cerrado el texto casi definitivo de la norma que en pocos días será aprobado por el pleno de la Cámara Baja. Es la ley que libera a las chicas de 16 y 17 años de contar con permiso paterno para interrumpir voluntariamente su embarazo, tal como les impuso el PP. La futura ley, que deberá ser ratificada después por el Senado, también garantiza, entre otras medidas, la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos próximos al lugar de residencia y la existencia de bajas por reglas incapacitantes, implanta un permiso prenatal desde la semana 39 y una convalecencia tras el aborto, suprime el plzo de reflexión de tres días y asegura la gratuidad de anticonceptivos de última generación y de la píldora del día después.

Otra modificación importante al texto gubernamental aprobada hoy es la que fija un procedimiento judicial urgente y tasado para solventar los casos en los que una menor de 17 años quiera interrumpir voluntariamente su embarazo, pero no cuente con la autorización de sus padres o tutores legales, un permiso expreso indispensable para que los especialistas sanitarios puedan realizarle esta intervención.

La enmienda, patrocinada por PSOE y Unidos Podemos, indica que el conflicto lo resolverá un juez mediante un procedimiento que «tendrá carácter urgente». El magistrado estará obligado a nombrar un defensor judicial que garantice los derechos e intereses de la menor durante el procedimiento y el fiscal estará obligado a intervenir en las actuaciones.

El Congreso blinda la prohibición de anuncios de prostitución en España
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