El Constitucional suspende la ley andaluza de células madre

El pulso que mantienen los Gobiernos central y andaluz en torno a las investigaciones con células madre embrionarias se inclinó ayer, al menos temporalmente, del lado de Madrid. El Constitucional comunicó ayer la admisión a trámite del recurso de amparo interpuesto por el Ejecutivo contra la ley andaluza que autoriza en esta Comunidad los ensayos con dichas células, y suspendió cautelarmente su vigencia por un plazo de cinco meses. A partir de ahora se abre un período transitorio de cinco meses durante el cual el órgano intérprete de la Constitución podría levantar la suspensión de la ley en cualquier momento, o bien agotar el plazo y decidir a su término si renueva la medida cautelar. Mientras tanto, «nadie podrá hacer uso de esa norma», recalcaron fuentes del Constitucional. La norma recurrida fue aprobada el 25 de noviembre por el Parlamento andaluz y dio luz verde a los trabajos con células madre procedentes de embriones sobrantes de procesos de fecundación in vitro. El Gobierno andaluz establecía así un marco legal para amparar los trabajos pioneros del científico Bernat Soria, al que la Junta ofreció meses atrás equipo y fondos para retomar en España su investigación sobre la diabetes de tipo I, «expatriados» a Singapur por presiones del Ministerio de Sanidad. Competencias del Estado En el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado y estimado por el Tribunal, el departamento de Ana Pastor aduce que la ley andaluza vulnera las competencias exclusivas que otorga al Estado el artículo 149 del título VIII de la Carta Magna, en materia de «fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Poco después de conocer el recurso del Gobierno de José María Aznar, el Ejecutivo andaluz devolvió el golpe y recurrió a su vez la nueva Ley de Reproducción Asistida, que reformaba la antigua regulación de 1988 y daba también vía libre a los ensayos controlados con los embriones sobrantes. Pese al veto temporal impuesto por el Constitucional, el Gobierno andaluz proclamó hoy su intención de seguir adelante. El consejero de Salud, Francisco Vallejo, cree que Andalucía cuenta con el adecuado respaldo jurídico para acometer estos estudios, y se mostró convencido de que las investigaciones podrán comenzar sin problemas en los próximos días, una vez que el decreto autonómico se haya adaptado «a la nueva situación jurídica».