El debate del aborto apunta a los sanitarios
Igualdad quiere restringir la objeción y que la interrupción voluntaria del embarazo se realice en hospitales públicos
La interrupción voluntaria del embarazo se suele realizar en centros privados, en el 85,6% de los casos en 2019 (últimas cifras disponibles del Ministerio de Sanidad). De las 99.149 mujeres que ese año abortaron sólo el 12,8% lo hizo en hospitales. Aunque la ley establece que estas intervenciones se deben practicar bajo el amparo de la sanidad pública, y que la tercera parte de los 211 centros que practican abortos son públicos, no se realiza en los hospitales de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga ni Sevilla (Andalucía), Zaragoza (Aragón), Albacete ni Ciudad Real (Castilla-La Mancha), León, Salamanca ni Valladolid (Castilla y León), Badajoz (Extremadura), Madrid ni Murcia. «Esta situación vulnera la ley, es una anomalía y un incumplimiento», afirma María Angeles Jaime de Pablo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
No son diáfanas las razones por las que el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo a voluntad está vetado en la práctica en la sanidad pública en estas provincias. «El problema es que tenemos una legislación avanzada pero joven, con la mitad del país en contra», asegura Oriol Yuguero, médico y profesor de bioética en la Univesidad Abierta de Cataluña (UOC). «Se requiere inversión para que los hospitales estén preparados».
Ante esta situación, Sanidad alentó hace unos meses maximizar el aborto farmacológico, que puede controlarse desde el ambulatorio, para disminuir la dependencia de las clínicas privadas que practican la quirúrgica, pero la iniciativa encalló pronto. Luego el Gobierno de coalición, en una iniciativa del PSOE, introdujo una proposición de ley para penalizar el hostigamiento de los colectivos antiabortistas frente a las clínicas, y desde el Ministerio de Igualdad se promete reformar la ley en los próximos meses. «Han surgido nuevas necesidades, como derogar la reforma de 2015 que impide decidir por sí mismas a las que tienen 16 y 17 años —al necesitar el consenso de sus progenitores— o evitar el acoso frente a las clínicas», asegura Jaime de Pablo,
La ministra Irene Montero señaló que el derecho de la objeción de conciencia de los médicos y otros sanitarios es, a su juicio, la razón por la que la mayoría de los abortos se practican en clínicas cuyos honorarios asume la sanidad pública. Y quiere restringir esa prerrogativa profesional que «no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo». Así, en el debate del aborto se empieza a señalar directamente a los profesionales de la salud que trabajan en los hospitales como responsables de obstaculizar la interrupción del embarazo. Se opone el Comité de Bioética y el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), pero cuenta con apoyo sindical.