martes 19/10/21

Derecho a Morir denuncia problemas en la aplicación de la ley de la eutanasia

Asturias, La Rioja, Andalucía, Andalucía, La Rioja, Cantabria, Castilla-La Mancha y Valencia no la han desarrollado al completo
La decisión de las últimas voluntades puede incluirse en el testamento vital. DL

La ley que despenaliza la eutanasia entró en vigor hace algo más de un mes, pero «la situación es caótica y penosa» y las entre 70 y 100 personas que han solicitado o intentan pedir ayuda para morir en España se están encontrando con dificultades «sangrantes», según el presidente de Derecho a Morir Dignamente, Javier Velasco.

En una entrevista con Efe, Velasco apunta a la lentitud de algunas comunidades autónomas que ni siquiera han puesto en marcha las comisiones encargadas de evaluar las solicitud, a la falta de información de los médicos, la imposibilidad de acceder a los documentos necesarios para demandar esta ayuda e incluso el impacto del periodo vacacional en los centros sanitarios.

«Aunque toda ley cuesta ponerla en práctica, las comunidades autónomas tenían que haberlo previsto. Son muy pocas las solicitudes; calculamos, por los datos que tenemos, que son entre 70 y 100 las que se encuentra en trámite de presentarse», apunta el responsable de una asociación que luchó durante décadas por la legalización de la ayuda a morir en España.

Peticiones

Castilla y León no ofrece datos de los expedientes de solicitud iniciados en la Comunidad

A su juicio, dilatar la espera «tremendamente injusto e inhumano porque las personas que solicitan ayuda para morir están viviendo situaciones de extremo sufrimiento».

Cuarenta días después de la entrada en vigor de la ley de la eutanasia, sólo se ha conocido el caso de una mujer de 86 años que ha recibido ayuda para morir en el País Vasco, un caso que se realizó en menos de un mes y por el que Velasco da la enhorabuena a la administración de Euskadi, por su agilidad, prontitud y buen hacer. Castilla y León no ofrece información del número de expedientes iniciados.

Según sus datos, Asturias, La Rioja, Andalucía y Navarra aún no han constituido sus comisiones de garantía y evaluación, que han de estar compuestas por personal médico, de enfermería y juristas y que son las responsables en última instancia de autorizar cada proceso de eutanasia.

Un caso en Euskadi

Cuarenta días después sólo se ha conocido el caso de una mujer de 86 años en el País Vasco

Además, continúa, hay un déficit de información por parte de las administraciones sanitarias autonómicas a los profesionales, con comunidades que aún no han colgado en sus páginas web los documentos necesarios para solicitar la ayuda a morir —Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja y la Comunitat Valenciana—.

Los problemas más comunes que se están encontrando los solicitantes de la eutanasia es que muchos profesionales les dicen no saber nada de la ley y por tanto no recogen la solicitud ni la trasladan a su superior, a los que hay que sumar los objetores de conciencia.

«Lo que debería hacer el médico es recibir la solicitud; comunicarle al solicitante que él no va a hacerlo, pero trasladársela a su superior. (...) Conocemos casos de personas que han tenido que hacer tres intentos diferentes con distintos profesionales sanitarios. En otros casos se ha aducido que el superior no está disponible».

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