Diez contesta a Igea: «No voy a mandar a los policías con un metro a la calle para multar»
El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), exige al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea (Cs), que asuma sus competencias, marque claramente las líneas de actuación sanitaria ante el Covid-19 en el Bocyl y deje de «eludir sus responsabilidades en prevención y financiación».
La Junta de Castilla y León «ha de ser clara sobre el uso de la mascarilla y no puede pretender que mandemos a los policías a la calle con un metro para multar a la ciudadanía», argumentó el alcalde a través de una nota informativa distribuida este jueves.
«Si hay que llevarla en todo momento que lo diga y ya está, no se puede ir de ‘bienqueda’ en una cuestión tan importante y pretender, como la Junta ha hecho desde el primer momento, cargar la responsabilidad a los ayuntamientos», añadió.
Diez agregó que las declaraciones del vicepresidente este jueves, en las que recalcó que exigirá a los alcaldes que se multe a los ciudadanos, son «gravísimas e irresponsables».
«Los leoneses cumplen con la norma más de lo que lo hace la Junta que sigue sin preparar el Hospital de León o los colegios para un posible rebrote o para el inicio del curso. De eso debería preocuparse el vicepresidente y no de perseguir o reclamar mano dura a otros. Primero que mire para lo suyo», advirtió.
Para el alcalde, la Junta está actuando de forma negligente en la gestión de la pandemia, marcando recomendaciones pero no legislando para evitar responsabilidad y cargar ésta sobre terceros en todo momento.
«El uso de la mascarilla o las recomendaciones de desinfección de áreas de juego son muestras más de su dejación de funciones que pone de manifiesto que van al ‘tran-tran’ e improvisando con algo tan serio como la salud», insistió. Diez expresó su contrariedad con la actuación de la Junta en la crisis de la que «aún esperan los ayuntamientos fondos adicionales y las ayudas comprometidas a los ciudadanos de León que aún no han llegado y no se esperan en breve», dice el alcalde.
Recordar en este caso que el Real Decreto del Gobierno central que regula la salida del estado de alarma hasta que desaparezca la crisis sanitaria establece una distancia social de 1,5 metros y uso obligatorio de mascarilla cuando no se pueda mantener esa distancia. La norma establece sanciones por incumplimiento de hasta 600.000 euros, dependiendo de la gravedad. En el caso de no usar la mascarilla cuando sea obligatoria la multa será de hasta 100 euros.