«Para erradicar la pobreza hay que garantizar derechos sociales»

Llegar a León en tren un domingo por la mañana desde Madrid es difícil incluso para un secretario de Estado. Enrique Santiago Romero, secretario general del PCE y diputado de Unidas Podemos, está al frente de la Agenda 2030 en el Ministerio de Derechos Sociales desde hace apenas dos semanas, experimentó ayer el déficit ferroviario en esta esquina de Castilla y León, «agravada con la pandemia», que le impidió llegar con puntualidad al homenaje a las personas represaliadas León. Es un puesto cuyas competencias directas son escasas, pero «con un peso político grande» para influir de forma transversal en todos los ministerios.

—¿Qué medida concreta está llevando a cabo la Agenda 2030 ahora?

—Un análisis de todas las situaciones de población que hay en infraviviendas para erradicarlo, poblados que no reúnen las condiciones dignas de vivienda. Aparte de la gestión cotidiana. Ahora mismo hay que aprobar el Plan Estratégico sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo sostenible. España se examina ante las Naciones Unidas en julio y tiene que aprobarlo el Parlamento.

—Acabar con la pobreza es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuáles son las vías que están implementando para cumplirlo?

—Hay que garantizar los derechos esenciales: una reforma laboral que evite que haya trabajadores y trabajadoras en activo en situación de pobreza. Hay que crear empleo y reindustrializar el país (es clave el plan de reconstrucción europeo). Hay que mantener el escudo social para que las personas más afectadas por la crisis tengan las necesidades básicas atendidas. El ingreso mínimo vital es una medida complementaria, pero no aspiramos a que sea lo que garantice una vida digna a las personas, sino que lo complemente. Estamos empeñados en sacar adelante la nueva ley que regule los precios máximos de arrendamientos y políticas de vivienda como parques públicos que tienen todos los países de nuestro entorno y no España. La igualdad salarial entre hombres y mujeres y garantías para que puedan desarrollarse profesionalmente con fortalecimiento de servicios sociales de forma integral son medidas para acabar con la pobreza.

—El IMV no está llegando a la gente. ¿Reconoce que no ha habido buena gestión?

—Es una gestión mejorable y los requisitos de acceso son muy restrictivos. Hemos defendido que no se podían valorar ingresos anteriores a la pandemia. Se está mejorando constantemente.

—¿En qué medida la pandemia ha incrementado la pobreza en España?

—Gracias a las medidas del escudo social no ha aumentado tanto como ocurrió en la crisis anterior, cuando se llegó a los seis millones de desempleados. Ahora tocamos los cuatro y las previsiones de crecimiento son mayores. El descenso en la renta familiar ha sido evidente en toda España, igual que el enriquecimiento en menos manos lo que nos lleva a pensar que tenemos que reformar el sistema fiscal.

—¿El derecho a la salud ha quedado quebrado con la pandemia?

—Donde se ha dejado de invertir en la sanidad público de la salud se han abierto líneas para la penetración de la sanidad privada financiada públicamente. Ha sido una actitud muy irresponsable que raya el delito. Inversiones tan lamentables como la del hospital Zendal en Madrid, que no tiene ni quirófanos solo sirven para enriquecer a empresas privadas mientras que hay hospitales públicos con alas cerradas. No puede ser que España que es uno de los países que forma a más profesionales de la salud esté expulsándolos a otros países porque aquí no encuentran puestos trabajo dignos.

—¿Es razonable que las megalópolis sean los focos de atracción de empleo, mientras se siguen vaciando territorios como León que quedan sin servicios, como ha visto hoy mismo?

—Es absolutamente inasumible. Se muere una parte de la vida en el territorio que, no es aceptable desde el punto de vista cultural e histórico, pero además acaba haciendo la vida en las ciudades más inhabitables. Estamos muy empeñados desde la Agenda 2030 combatir el vaciamiento de población y fortalecer los territorios. Para eso hay que crear empleo en los territorios, crear servicios públicos como fortalecer los transportes públicos como el ferrocarril, potenciar el teletrabajo. El martes va al Consejo de Ministros la ley de racionalización de la Justicia que crea oficinas territoriales de Justicia para tutelar una serie de servicios en cada municipio. Son iniciativas con las que queremos fijar no solamente población al territorio sino incentivar el traslado desde las grandes ciudades hasta localidades más pequeñas. Somos conscientes de que no solo hay que crear puestos de trabajo. Tiene que haber servicios.

—Se están tramitando leyes en las que una parte importante del feminismo está enfrente. ¿Qué está ocurriendo?

—No creo que haya mucha parte del feminismo en contra de la igualdad salarial. Y la ley de igualdad de trato, el solo sí es sí, está encontrando solo la oposición del poder judicial. Creo que se ha focalizado mucho la discusión en torno a la ley Trans. Mi impresión es que hay otros conflictos detrás que no tienen nada que ver con la ley, que sí satisface al colectivo al que va dirigido.

—Se acusa a esa ley de borrar de las mujeres al suprimir la categoría sexo y admitir la autodeterminación de género.

—No se puede borrar a las mujeres con una norma. Eso es una hipótesis de laboratorio, igual que es absurdo decir que ahora los niños y las niñas van a salir al patio del colegio y cada media hora van a decidir un nuevo género. Debemos atender el criterio de los que padecen el problema.