lunes 24/1/22
jemad
Fotografía de archivo del 17/01/2020 del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), general Miguel Ángel Villaroya, que ha presentado este sábado su solicitud de cese a la ministra de Defensa, Margarita Robles para "no perjudicar" la imagen pública de las Fuerzas Armadas tras haberse conocido que se ha vacunado contra la covid-19 FERNANDO ALVARADO

El escándalo de las vacunaciones irregulares crece día a día. Cientos de políticos, cargos públicos, militares, funcionarios o incluso extrabajadores de hospitales han recibido ya la primera dosis de Pfizer sin pertenecer a los grupos prioritarios establecidos en la estrategia de vacunación elaborada por el Ministerio de Sanidad, que estipula que en la primera tanda se tienen que inmunizar únicamente contra la covid-19 los residentes en centros de mayores, sus cuidadores y los sanitarios en primera línea contra el coronavirus.

La lista de personas vacunadas irregularmente es muy extensa y llega a todo el país. El caso más sonado, hasta ahora, era el de Murcia, donde el consejero de Salud, Manuel Villegas, comunicó el miércoles al presidente regional, Fernando López Miras (PP), su renuncia al cargo. Villegas dimitió después de conocerse que él y otros altos cargos de su departamento se habían vacunado del coronavirus saltándose el protocolo fijado por el Ministerio de Sanidad. La situación de Villegas, sin embargo, es la punta del iceberg porque el Servicio Murciano de Salud ha admitido la vacunación irregular de alrededor de 400 de sus trabajadores.

No ha dimitido, en cambio, el consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, que se encuentra en la misma situación. Guerrero fue poco convincente al explicar que no quería vacunarse, pero que sus técnicos prácticamente le obligaron. "No me gustan las vacunas y no me vacuno ni de la gripe", dijo, en un intento por evitar su responsabilidad.

En la Comunidad Valenciana, la Conselleria de Sanidad ha detectado que alrededor de 150 personas, entre profesionales y políticos, se han saltado los protocolos para vacunarse. El presidente Ximo Puig aseguró que a los vacunados irregularmente no se les va a suministrar la segunda dosis.

Tanto el PSOE como el PP han reclamado a sus inmunizados que dimitan y los socialistas han suspendido de militancia a varios ediles. Abrieron expediente y suspendieron cautelarmente a la alcaldesa de Molina de Segura (Murcia), Esther Clavero; al alcalde de Rafelbunyol (Valencia), Fran López; al alcalde de El Verger (Alicante), Ximo Coll; a la alcaldesa de Els Poblets (Alicante), Carolina Vives (casada con Ximo Coll); y a la alcaldesa de Torrecampo (Córdoba), Francisca Alamillo. Por parte del PP, el alcalde de La Nucía (Alicante) y diputado provincial, Bernabé Cano, y el concejal de Sanidad de este municipio, Manuel Alcalá, se han vacunado, aunque alegan que son "personal sanitario". En Cataluña, el alcalde de Riudoms (Tarragona), Sergi Pedret, y otro concejal de JxCat de esta localidad también recibieron la vacuna.

El Servicio Gallego de Salud ha admitido hasta 17 vacunaciones indebidas en Pontevedra. Mientras, en el País Vasco, los directores gerentes de los hospitales de Basurto y Santa María, en Bilbao, Eduardo Maiz y José Luis Sabas, dimitieron.

En Castilla y León, la Junta investiga vacunaciones indebidas en la residencia de Villavicencio de los Caballeros (Valladolid), que incluyen al alcalde de la localidad, el socialista Alberto de Paz. "No toleraremos ninguna irregularidad y se procederá a sancionar con la máxima severidad posible a quien incumpla las normas. Denunciaremos ante la fiscalía, si fuera preciso, la falsificación de los datos en los listados de las personas a vacunar", afirmó ayer el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

En Extremadura, Madrid y Aragón, concejales de algunos municipios también se han vacunado irregularmente y La Rioja investiga un caso.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró el miércoles, tras el Consejo Interterritorial, que existen controles, como el registro de los vacunados, para evitar que estas situaciones ocurran. Además, apeló a la "responsabilidad de todos". La Estrategia de vacunación contra la covid-19'debe ser cumplida a rajatabla por las comunidades, insistió Illa, que exigió "ejemplaridad" a los responsables públicos y tachó de "inadmisibles" las vacunaciones irregulares.

Extrabajadores de un hospital creyeron que podían vacunarse

La picaresca en las vacunas no sólo es cosa de los políticos. El pasado fin de semana, cientos de extrabajadores del Hospital Clínico San Carlos de Madrid que no pertenecían a ningún grupo prioritario se citaron a través de un grupo de Whatsapp para vacunarse en el centro. Cuando se destapó el caso, el centro frenó las inmunizaciones y explicó que la vacunación iba dirigida únicamente a los jubilados del hospital que realizan labores de voluntariado, pero que la noticia se extendió y que otros extrabajadores creyeron que ellos también tenían derecho a ser inmunizados.

El escándalo de las inmunizaciones irregulares crece por todo el país
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