Escándalo de los anestesistas en León. Fiscalía pide cárcel a dos médicos por firmar a otros sus operaciones

Joaquín López-Otazu, cirujano y director gerente de la desaparecida clínica privada López Otazu, el ex jefe del servicio de Anestesiología del Hospital de León, Juan Carlos Bermejo, y las auxiliares de enfermería Esther Fernández y María Luz de la Varga se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial los días 10 y 11 de abril a cusados de un presunto delito de falsificación de documentos oficiales cometidos en los quirófanos de la  desaparecida clínica López-Otazu. 

El caso, destapado por Diario de León en 2013, lleva diez años en los juzgados tras la denuncia del anestesista José Manuel Caunedo de que estaban utilizando su nombre sin su consentimiento en las hojas circulantes de los quirófanos de la clínica López-Otazu, donde aparecía como anestesista sin que hubiera estado en  las intervenciones quirúrgicas, irregularidad que puso en conocimiento de Sacyl y de la justicia por un presunto delito de incompatibilidades y de suplantación de identidad. La Audiencia Nacional pone fecha a un juicio tras dos archivos previos de los juzgados de instrucción de León y recursos de los acusados. 

En el escrito de acusación de la fiscalía se señala que Juan Carlos Bermejo utilizaba el nombre de José Manuel Caunedo , también anestesista pero sólo en la sanidad privada, «como profesional interviniente en diferentes operaciones en las que no intervino, al no poder figurar el doctor Bermejo como tal, como consecuencia de la incompatibilidad absoluta al tratarse de intervenciones que se efectuaban con pacientes derivados del Sistema Público de Salud, actuaciones que se efectuaron con la colaboración de las auxiliares de enfermería. ambas mayores de edad, quienes con conocimiento y consentimiento alteraban documentación médica cambiando el nombre del anestesista, documentación entre las que se encontraban las hojas circulantes del quirófano y que daban lugar a las comunicaciones efectuadas al Sacyl por parte de la clínica López-Otazu».

El abogado de José Manuel Caunedo, Enrique Luzón Campos, del bufete Gómez Acebo y Pombo de Madrid, acusa a Joaquín López-Otazu, Juan Carlos Bermejo y Esther Fernández Vidal de ser responsables de un delito continuado de falsedad en un documento público cometido por funcionario, ya que los tres ejercían en el Hospital de León y acudían al centro privado para operar el cupo de pacientes derivados por Sacyl. A María Luz de la Varga la considera responsable de un delito continuado de falsedad de documento público cometido por un particular.

Para López-Otazu y Juan Carlos Bermejo pide una pena de 6 años de cárcel y 24 meses de multa (50 euros por día) e inhabilitación para empleo y cargo público en el sector. Para Esther Fernández, solicita cuatro años y seis meses de prisión, quince meses de multa (20 euros diarios) e inhabilitación para cargo público en medicina. Para María Luz de la Varga pide dos años de prisión y 12 meses de multa (20 euros diarios) e inhabilitación para ejercer la profesión sanitaria. La acusación pide una indemnización para Caunedo de 50.000 euros más intereses en concepto de daños morales. 

Funcionario o particular

En el mismo escrito de diligencias previas, la acusación propone una pena de dos años de prisión y nueve de multa para el caso de que se estime que los hechos son constitutivos de un delito de falsedad documental cometido por particulares, en lugar de funcionarios públicos. En esta diferencia de rol es dónde hay discrepancias en la solicitud de penas por parte del fiscal y de la acusación, aunque coinciden en los presuntos delitos. El fiscal rebaja las penas al no considerar a los acusados funcionarios públicos , pero imputa a las mismas personas, para las que pide tres años de prisión y multa de doce meses con una cuota diaria de diez euros. Además, fija una indemnización de 15.000 euros en concepto de daños morales causados al denunciante. 

En la causa también se persona Sacyl, que se adhiere a las tesis planteadas por el fiscal incluso antes de conocer sus conclusiones. El juzgado requiere a Otazu y Bermejo una fianza de 115.000 euros cada uno y a las auxiliares 79.000 y 74.000 euros, respectivamente. Contra el auto no cabe recurso y los recursos contra las fianzas fueron inhadmitidos por la Audiencia Provincial.

Los abogados defensores niegan los hechos y  atribuyen a errores sin mala fe las presuntas irregularidades.

«Me tuve que ir de León»

José Manuel Caunedo tuvo que marcharse de León tras denunciar las presuntas irregularidades cometidas en los documentos oficiales en los quirófanos de la clínica López- Otazu. «Para mí este juicio llega tarde porque me han destrozado la vida. Me tuve que marchar de León por denunciar una mafia. Nadie me apoyó, ni los compañeros, ni ninguna organización ni institución sanitaria. Me quedé solo, no me daban trabajo y me marché. Llevo diez años luchando por que se reconozca el delito, pero he tropezado con muchas trabas».

El anestasista trabaja hoy fuera de León. Asegura que tras denunciar el caso «tuve que empezar de cero, no fue fácil». Ahora se abre juicio en la Audiencia Provincial. Es obvio todo lo que pasaba, hay muchas pruebas. Cuando denuncié sabía que podía tener problemas, sé cómo funcionan las cosas». Arremete contra la postura de Sacyl en todo este caso «que claramente debería considerarse perjudicada, pero ni tuvo ni tiene ningún interés en ayudar a esclarecer el caso. Su postura ha sido absolutamente pasiva». A la espera del juicio, Caunedo asegura que a esta alturas se siente tranquilo. «Parece que se ve el final de túnel, aunque llega tarde. Para mí diez años son muchos».