El Gobierno recuerda al Constitucional que no puede suspender la ley del aborto

El Gobierno tiene claro que la nueva ley del aborto no quedará suspendida. El Ministerio de Justicia, con la ley y la jurisprudencia constitucional en la mano, adelantó ayer que en los próximos días el Tribunal Constitucional no tendrá más remedio que rechazar las medidas cautelares pedidas por el PP en su recurso contra la norma y que las comunidades autónomas populares que ahora se resisten a ponerla en marcha ya no tendrán excusa alguna ni podrán aludir a vacíos legales.

No obstante, no se espera que el Constitucional resuelva la petición cautelar de suspensión realizada por el PP hasta la próxima semana, ya que en este momento sus magistrados terminan la redacción de la sentencia del -˜Estatut-™, según confirmaron fuentes judiciales.

Según concluye la Abogacía del Estado en los ocho folios de su informe de alegaciones, el Constitucional «carece de potestad» para dejar en suspenso, a la espera de sentencia, una ley aprobada por las Cortes Generales. El documento de la Abogacía señala que la razón fundamental para desestimar las medidas cautelares reclamadas por el PP está en el artículo 30 de la ley orgánica que regula el propio trabajo del Constitucional. El escrito de Justicia dice que este punto señala que «ni la Constitución ni la ley orgánica atribuyen efecto suspensorio alguno a los recursos (de inconstitucionalidad) que se dirigen contra las leyes del Estado», porque el sistema jurídico español parte del concepto de «presunción de legitimidad» de las normas emanadas del Parlamento.

El Gobierno, además de cerrar la vía jurídica, salió ayer a la palestra para lanzar otra advertencia, en este caso política, dirigida a los gobiernos regionales del PP que amagaron el lunes, el día de su entrada en vigor, con una suerte de insumisión a la norma. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, responsable política de la nueva ley, hizo una llamada a la responsabilidad de todos y al tiempo avisó de que si alguien trata de bloquear o incumplir la norma el Gobierno «pondrá en marcha todos los mecanismos jurídicos» para asegurar su cumplimiento efectivo.

Aído, en sus declaraciones, respondió de manera fundamental a los avisos del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, el más beligerante de todos. Consideró «irresponsable» que un presidente de una comunidad autónoma «pueda hacer declaraciones en ese sentido» y señaló que espera que el presidente nacional de su partido, Mariano Rajoy, ponga orden entre los barones regionales del PP. La ministra aclaró que «en una democracia no hay nadie que esté por encima de la ley».