La herencia gallega de Franco anda en pleitos
La sentencia de un juzgado de La Coruña quita el pazo de Meirás a los herederos del dictador No es firme todavía
El pazo de Meirás, que Franco inscribió a su nombre en 1941. CABALAR
El Pazo de Meirás, la Casa Cornide o dos estatuas del Mestre Mateo actualmente en manos de la familia Franco son algunas de las propiedades gallegas que integran la herencia del dictador y que se encuentran inmersas ya, en su mayor parte, en una batalla judicial en la que distintas administraciones defienden su recuperación para el patrimonio público.
El periplo judicial de los Franco por su herencia, por lo que se ha calificado de «expolio» en el Parlamento gallego y otras instancias públicas, ha recibido esta semana el primer gran varapalo para los herederos del dictador después de que una jueza de La Coruña sentenciara que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado, por lo que los Franco deben devolverlo y sin recibir ninguna compensación. Este viacrucis de los herederos de Franco sucede menos de un año después de la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, uno de los compromisos del Gobierno de Pedro Sánchez relativos a la memoria histórica.
La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña, Marta Canales, concluye que el pazo, residencia de verano del dictador en Sada (La Coruña) y Bien de Interés Cultural, fue un regalo que se hizo en su momento al jefe del Estado y no a Francisco Franco a título personal. El objetivo de este obsequio era, según los expertos que declararon en el juicio, que Franco tuviera una residencia en Galicia para que al menos una vez al año se trasladase a La Coruña el aparato de un naciente estado franquista, a modo de la corte de verano y de cercanía a los círculos de poder de la elite socioeconómica coruñesa. Franco inscribió a su nombre en 1941 la finca como compraventa en el Registro de la Propiedad, una operación que para la jueza no fue sino una simulación, una «ficción», «lo que determina la nulidad de la misma»; además, sostiene en la sentencia que los Franco no deben ser indemnizados por los gastos que aseguraron asumir para el mantenimiento de la propiedad, que llegaron a poner en venta por ocho millones de euros, porque esta se incorporó al patrimonio de la familia «de mala fe».
El fallo, que ha sido recibido como una «victoria democrática» por administraciones de distinto color político, no es firme y el abogado de la familia Franco, Felipe Utrera Molina, ha confirmado a Efe que lo recurrirán.