El joven Down excluido de la escuela pide 350.000 euros por el daño «irreparable»

Rubén Calleja y su familia han presentado al Ministerio de Justicia una reclamación de indemnización por el daño «irreparable» causado al joven leonés con síndrome de Down que a los diez años fue privado del derecho a la educación inclusiva al ser apartado de la escuela ordinaria y sufrir vejaciones y agresiones físicas.

La reclamación es un paso más en la larga lucha que inició la familia en 2012, cuando acudió por primera vez a los tribunales a denunciar la situación. En el escrito dirigido al Ministerio de Justicia piden declarar la responsabilidad patrimonial del Estado «como consecuencia de no haber protegido ni amparado los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 14, 15, 24 y 27 de la CE con respecto a los exponentes y su hijo Rubén Calleja Loma que se han vulnerado, con incumplimiento por parte del Estado español de los arts. 4, 7, 15, 17, 23 y 24». Se va a cumplir un año desde que el pasado 18 de septiembre se conoció el dictamen de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que reconoce la vulneración de dichos derechos de Rubén Calleja, que está a punto de cumplir los 22 años. El dictamen de la ONU condenó a España a pagar una indemnización al joven y su familia. Ante la falta de respuesta de la administración han presentado la reclamación patrimonial formalmente al Ministerio de Justicia y cifran la cuantía en 350.000 euros «por todos los daños patrimoniales y morales causados a los exponentes y a su hijo Rubén Calleja Loma».

Además, piden que se incluya al joven en programas inclusivos de formación profesional, que se investiguen los malos tratos y las vejaciones sufridas por Rubén y el reconocimiento público de que se ha producido una violación «de los derechos de Rubén a una educación inclusiva y a una vida libre de violencia y discriminación, así como la violación de los derechos de sus padres al haber sido acusados penalmente de manera indebida por el delito de abandono del menor, lo que conllevó consecuencias morales y económicas». El joven, junto a su padre, Alejandro Calleja, y su madre, Lucía Loma, firman la reclamación y solicitan que el dictamen de la ONU se haga público ya accesible para general conocimiento de la población.

La reclamación patrimonial a Justicia es un trámite administrativo previo a poder poner una demanda en la Audiencia Nacional si en el plazo de seis meses no hay respuesta. «Es tremendo que un Estado que se supone de derecho no acate un dictamen que demuestra un hecho ilícito internacional de un comité de derechos humanos y a una convención a la que se ha suscrito libre y voluntariamente», lamenta Alejandro Calleja. La lucha de Rubén continúa.