miércoles 19/1/22

Juristas cuestionan la interpretación que viene realizando la vicepresidenta Primera del Gobierno, Carmen Calvo, de una resolución concreta del Tribunal Supremo a la hora de defender que, cuando decaiga el estado de alarma, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) podrá obligar a las comunidades autónomas a restringir la movilidad, a través de las llamadas acciones coordinadas y las órdenes ministeriales. Esta cuestión no ha sido tratada como tal por el alto tribunal, señalan a Europa Press fuentes jurídicas, y únicamente se ha visto de forma tangencial a la hora de denegar la suspensión del cierre perimetral de Madrid durante Semana Santa, que fue decretado por el Gobierno autonómico en cumplimiento de una disposición del Consejo Interterritorial. «Si el Consejo Interterritorial decide que hay alguna comunidad en una situación de particular incidencia, y ahora mismo tenemos Navarra, País Vasco y Madrid con una situación complicada, hay una acción jurídica, que se llama una acción coordinada, que la toma el CISNS si lo considera oportuno, y que la Sala 3 del Supremo hace 15 días con mucho atino jurídico, ha dicho que cuando se decide hay que cumplirlas obligatoriamente en todo el territorio», ha señalado Carmen Calvo.

Juristas cuestionan que haya cobertura legal
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