La justicia avala las medidas en León al apoyarse la Junta en leyes propias
Tres tribunales superiores de justicia han evaluado en los últimos días el confinamiento perimetral de varias ciudades del país para luchar contra el covid y sólo el de Madrid ha tumbado las restricciones. ¿Qué diferencia hay entre las medidas aprobadas para la capital y las acordadas en Castilla y León o Andalucía?
Según fuentes jurídicas, para cerrar Madrid y otros municipios de la región el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso publicó una resolución en la que se limitaba a señalar que ejecutaba las restricciones estipuladas en la orden comunicada del Ministerio de Sanidad para ciudades de más de 100.000 habitantes con altas tasas de contagio y de ocupación de UCI.
Otras comunidades, sin embargo, especificaron en sus boletines el catálogo normativo que les habilitaba para adoptar medidas excepcionales para proteger la salud pública.
La clave está en la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986, que habilita a las distintas administraciones públicas a decretar medidas especiales por razones sanitarias de urgencia o necesidad.
«Esa ley es la que hay que invocar para tomar las medidas necesarias»,subrayó Illa tras anunciar que se declaraba el estado de alarma para Madrid, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad había rechazado las restricciones a la movilidad en diez municipios de la comunidad.
Al confinar perimetralmente León, Palencia y San Andrés de Rabanedo, la Junta fue más allá de las directrices del Ministerio, ya que solo León supera los 100.000 habitantes, y se remitió a las leyes autonómicas que le permiten tomar medidas en materia de salud pública.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León avaló ayer la decisión al considerar que la orden ministerial es de directa aplicación, pero, además, recuerda que la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública habilita a las administraciones competentes a tomar medidas que restrinjan derechos, como la movilidad. A su entender, aunque la Junta no citó específicamente esa ley de 1986 en su orden, todas la normativa que detalló se basa en ella.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, expresó su satisfacción por el respaldo judicial y pedido «colaboración y unidad» a todas las administraciones.