León acoge a 5 menores migrantes de Canarias

Cinco menores migrantes procedentes de Canarias han sido derivados a León, bajo tutela de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, en virtud del acuerdo entre las dos comunidades autonómas. Se espera que a finales de mes lleguen otros 15.

Se trata de nueve niños y una niña, que han sido acogidos en dos centros de León y Palencia (cinco en cada provincia), de manera que Castilla y León es la primera comunidad en acoger a estos menores, a la que a finales de mes se sumará Navarra, según ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Dos de ellos tienen 13 años, uno 14, cuatro tienen 15 años y tres tienen 16 años, según la información que ha facilitado la consejera, quien ha recordado que Castilla y León siempre ha sido tierra «de acogida, solidaria» y comparte con Canarias el cumplimiento del principio constitucional de solidaridad interterritorial.

Blanco firmó el pasado 1 de marzo un protocolo de actuación con su homóloga canaria, Noemí Santana, para ordenar el procedimiento de traslado y garantizar la mejor atención de los adolescentes en todo momento y se hace efectivo así el compromiso de la Junta de auxilio al Gobierno insular, que había reclamado ayuda para afrontar la crisis migratoria —agudizada desde la declaración de la emergencia sanitaria—, tras advertir del colapso de sus sistemas públicos de atención integral a menores.

Conforme al protocolo establecido, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Canarias se ha hecho cargo de la gestión del desplazamiento y ha proporcionado la documentación necesaria para que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León pueda asumir de forma segura la tutela de los niños.

Los expedientes de los menores incorporan datos de carácter personal, acreditativos de su identidad y de los trámites realizados para su obtención, así como las comunicaciones que hayan podido existir con el Registro de Extranjeros o cualquier otra autoridad administrativa. También se ha requerido la aportación de prueba de edad, informe social -donde se detallen las intervenciones sociales practicadas- e informe médico —con las pruebas realizadas—. Finalmente, se ha solicitado prueba reciente de detección del Sars-CoV-2 y la fecha en la que se hizo.

Disponer de esta información es imprescindible para garantizar que cada adolescente reciba una atención integral personalizada, adaptada a sus circunstancias, e integradora, en tanto la Junta, como administración tutelante, debe procurarles los medios y la formación necesaria para que pueden desarrollar su propio proyecto de vida cuando alcancen la edad adulta, ha incidido el Ejecutivo.