lunes. 28.11.2022

Más resoluciones contradictorias

Los tribunales de justicia de Navarra, Castilla-La Mancha y Andalucía emiten fallos diferentes Sánchez insiste en que «el estado de alarma es el pasado»
Pedro Sánchez preside el Comité de Seguimiento del coronavirus. BORJA PUIG DE LA BELLACASA

Continúa el goteo constante de fallos contradictorios de los jueces sobre el recorte de derechos fundamentales sin el paraguas del estado de alarma. El Tribunal Superior de Justicia Navarra rechazó ayer avalar la restricción de movilidad nocturna entre las 23.00 a 6.00 horas, establecida en la Orden Foral del pasado 9 de mayo, por considerar que la imposición de este toque de queda «no supera el canon de necesidad y proporcionalidad».

Y mientras el TSJ andaluz provocó todavía más desconcierto al bendecir la perimetración de algunos municipios con alta incidencia vetando, sin embargo, el confinamiento de otros pueblos con el mismo nivel de contagios.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M) ha decidido no avalar las medidas del decreto aprobado por la Junta tras el fin del estado de alarma que afectan a los derechos de reunión —como la limitación de la práctica de actividad física al aire libre— y de libertad de culto, ya que se requería autorización para la celebración de actos religiosos en el exterior.

Los tribunales ahondan así aún en el caos jurídico de dictámenes enfrentados de los tribunales superiores.

El fin del estado de alarma, que estuvo en vigor desde finales del pasado octubre hasta este fin de semana, y la decisión de no solicitar una prórroga al Congreso han sumido al Gobierno en una situación de enorme presión y han hecho aflorar discrepancias en el Consejo de Ministros, pero Pedro Sánchez se niega a dar su brazo a torcer. El presidente del Gobierno compareció ayer por segundo día consecutivo, tras casi una semana en silencio, para tratar de zanjar el debate, aunque está por ver que, no ya el PP, sino presidentes autonómicos de distinto signo y sus propios aliados parlamentarios se rindan.

El problema es que los tribunales han tomado hasta ahora decisiones contradictorias entre sí. Lo que avaló el Tribunal Superior de Justicia de Baleares o el de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, lo han tumbado los del País Vasco o el de Navarra.

El Ejecutivo esgrime que por eso aprobó la semana pasada un decreto -para el que, por cierto, aún no tiene apoyos parlamentarios- que permite a las comunidades recurrir ante el Tribunal Supremo; algo que ya ha hecho Canarias. Sin embargo, no todas tienen claro que esa vaya a ser una buena solución.

Las palabras del presidente remiten al argumento con el que el Ejecutivo rechaza legislar en una dirección que hace tan solo un año no consideraba tan descabellada: la necesidad de ser garantista. A pesar de que en mayo de 2020 se comprometió con Esquerra y Ciudadanos a ofrecer una alternativa, ahora sostiene que una ley ordinaria no puede nunca limitar derechos fundamentales.

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