Menos tutelas y más curatelas

El 10% de la población leonesa tienen más de 80 años, un 6% más que la media nacional. En la ciudad de León viven 12.000 personas mayores de 80 años, mientras que los menores de 15 suman 14.000. La sociedad envejece «y nos enfrenta a un problema de vital importancia, la protección jurídica de las personas mayores», destacó ayer la consejera delegada de DomusVi, Josefa Fernández. La Fundación DomusVi y la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado organizaron ayer el centro cultural Caja España-Duero en León una jornada en la que notarios, fiscales, trabajadores sociales y expertos en cuidados en la vejez pusieron en evidencia que el actual sistema de incapacidad judicial y tutelaje toca a su fin. La Convención de Nueva York para los derechos de los mayores empuja a los gobiernos a tomar medidas para impulsar figuras jurídicas hasta ahora poco utilizadas como la curatela, el defensor judicial y la guarda de hecho. «Es un concepto flexible de discapacidad de las personas porque cada uno tiene deficiencias distintas», destacó en su intervención el fiscal coordinador de Discapacidad de Castilla y León, Javier Gutiérrez. «Tratamos a los mayores como a los menores. A veces quedan olvidados, maltratados o tratados como niños, y no lo son».

La sociedad cambia y el concepto de unidad familiar con los hijos cerca de sus padres y madres ya no existe. Se necesita un cambio radical en las leyes de protección de los mayores desamparados. La tendencia es que hay que decidir sobre el futuro antes de que llegue la incapacidad. «Todas las personas tienen derecho al desarrollo de su personalidad y a que se respete su voluntad», una filosofía que ha cambiado desde la reforma de la ley en 1983. «Antes se iniciaba una demanda de incapacidad y acababa en una sentencia de modelo que nombraba a otra personas para que decidiera por ella, pero eso ya no será así». Los fiscales zanjan las dudas con una pregunta clave. ¿Por qué quiere incapacitar a esta persona?. Las razones tienen que estar justificadas y podrá concederse una medida con un apoyo concreto y no para la incapacidad total. «La intromisión en la vida y capacidad de las personas tiene que ser mínima y poner en el máximo interés por el bienestar de la persona».  

Fiscales, notarios y expertos del tercer sector están a la espera de la aprobación de un proyecto de Ley que modificará los procedimientos judiciales. «La patria potestad y la tutela se acaban».  

Actualmente, la Fiscalía de León tiene abiertas 200 diligencias informativas para incapacidades de personas mayores y se han presentado tres denuncias por maltrato, ninguna en residencias de la provincia.  

Poder preventivo  

Para que la voluntad esté por delante de la incapacidad, los notarios ponen en valor el poder preventivo, un documento por el que optan cada vez más leoneses. Cada año, doscientos leoneses oficializan este documento, que es como el testamento vital en sanidad, pero con las últimas voluntades sobre las personas a las que designa para la administración de sus bienes, entre otras cosas.. El decano del colegio notarial de Castilla y León, José Ángel Tahoces, destacó que ni la edad ni la discapacidad «constituyen ninguna limitación de derechos, sólo se necesitan apoyos que lo suplan. Todos tenemos incapacidades, algunos tienen intolerencia a los alimentos, vértigos, claustrofobia... todos necesitamos ayudas».  

Los notarios ponen el acento en la necesidad de «identificar a las personas» y conocer sus necesidades, su vida y sus proyectos. «A veces no es tan fácil», por lo que defiende que el acceso a la historia clínica o al registro civil para tomar decisiones ajustadas.  

Ética de cuidados  

Javier Jiménez, director de la Fundación DomusVi dedicó su intervención a hablar de ética. «Ante la fragilidad no hay que ser indiferente» y señaló como prioritarias la dignidad, la integridad, la autonomía y la fragilidad como los principios fundamentales de un cuidado responsable. Una encuesta realizada entre los usuarios, familiares y trabajadores de las residencias que gestionan puso de manifiesto que la necesidad de respeto era lo más valorado, pero también la paciencia, la amabilidad y la escucha.  

DomusVi gestiona la residencia de mayores de la Virgen del Camino, con 341 plazas y otras 26.000 en el resto de España, de las que 1.600 están en Castilla y León. Casi 300 están dedicadas a personas que tienen problemas de salud mental. Dan empleo a 800 personas y han invertido 46.000 millones de euros en atención de las personas mayores, a las que ofrecen también servicios con tecnología.  

Además, entregan anualmente los galardones con los que reconoce la labor realizada por colectivos, entidades y personas en beneficio de las personas mayores o con dependencia.  

Fernando Pérez, notario de León, defendió también el poder preventivo como documento de protección en caso de incapacidad futura. «La vida da señales de que algo nos puede pasar cuando seamos mayores y es necesario tomar medidas preventivas antes de que pase. Si hay un poder preventivo no es necesario acudir a una incapacitación».  

A la inauguración de las jornadas asistieron la concejala de Promoción Económica, Susana Travesí, la diputada de asuntos sociales de la Diputación de León, Carolina López y el alcalde de Valverde de la Virgen, David Fernández.  

La directora de DomusVi Nuestra Señora del Camino, Eva Rodríguez, ofreció una conferencia sobre la experiencia de los profesionales.