Las niñas víctimas de trata son invisibles en España

ana gaitero | león

Entre 10.000 y 12.000 menores inmigrantes no acompañados han llegado a lo largo de este año a las costas españolas. Son casi el triple que en el 2017 y se prevé que el número aumente «en la medida que no se promueva el desarrollo en sus países de origen», afirmó ayer la profesora Isabel Lázaro en las XI Jornadas de Mujeres Inmigrantes organizadas por la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan en el Musac.

Los menores, y particularmente las niñas, son las «víctimas invisibles» del problema migratorio. La falta de criterios sobre la determinación de la edad hace que la mayoría «sean tratados como adultos» y «no reciben la protección adecuada», señala esta profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Comillas.

«En el registro Menas —menores Extranjeros no acompañados— son muy pocas las niñas inscritas, pues se exige la autoidentificación y si tampoco se autoidentifican como víctimas de trata acaban siendo víctimas de la explotación sexual», precisa. Muchas lo reconocen cuando ya son adultas. «La política de control de fronteras la hemos extendido a los menores, por lo que España ya ha sido reprendida por Comité de Derechos del Niño», subraya. Es la fiscalía la que decide si son menores o no y su dictamen no es recurrible, critica la profesora.

«Estamos ciegos ante la vulnerabilidad de los niños», apostilla. Lázaro hizo hincapié en que los menores «no están bien protegidos en el sistema de atención a menores y tampoco existen recursos especializados públicos».

Isabel Lázaro señaló que el reglamento de la ley vigente de extranjería prohíbe que los menores estén en los mismos centros de víctimas de trata que las personas adultas, pero faltan recursos especializados para atenderles. «La ley puede necesitar algún retoque, pero lo que realmente falta es voluntad política. Es una cifra alta pero no podemos decir que no se atiendan», alertó.

En este sentido, mencionó las iniciativas que llevan a cabo algunas organizaciones privadas como el Proyecto O2 en el que están involucradas Cáritas, el Servicio Jesuita de Migrantes y Arcoíris que abrieron en abril un centro en Montilla (Córdoba).

Auspiciado desde la Universidad de Comillas para acoger a mujeres subsaharianas con niños o embarazadas, «a las que no se les está dando ninguna protección» y son doblemente víctimas de las mafias al apartarles de sus criaturas para chantajearlas. Lázaro señaló que «algunas mujeres saben que vienen a prostituirse, pero no a un régimen de esclavitud», precisa. Son mujeres que han sido obligadas a casarse con doce años y que son violadas en el matrimonio por hombres generalmente mayores. La prostitución no les supone un cambio respecto a la realidad que viven, pero ellas piensan que «será algo temporal y no saben que en realidad va a ser muy largo».

En el centro de Montilla han sido acogidas 26 mujeres con sus hijos e hijas desde abril. Algunas llegan al borde del parto tras meses o incluso años de viaje desde el África subsahariana. La presencia de mujeres en los flujos migratorios irregulares «se ha incrementado debido a la prostitución, sobre todo de extranjeras, muchas africanas, que las mafias van repartiendo por toda Europa.