Ningún menor desprotegido

Los niños y las niñas son los más vulnerables dentro de una unidad familiar inestable. Es por ello que tanto la Administración como la Junta de Castilla y León y la Diputación de León destinan parte de sus recursos a la protección del menor y al ejercicio de los derechos de estos entre los que se encuentran: la garantía de la vida, la dignidad humana, el desarrollo pleno como personas y la activación de las capacidades y las potencialidades.

 

Fuentes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales informan a este periódico de que los niños y las niñas, por su condición de menores, se encuentran en situación de debilidad, inferioridad e indefensión y se consolidan como un sector especialmente vulnerable. Desde el organismo aseguran que por ello es vital dispensarles una protección jurídica y administrativa planteada como un plus específico e intenso.  

Las medidas, los programas, los mecanismos, los recursos y los servicios destinados al sistema de protección infantil se adaptan a las particularidades de cada menor en tanto que vela por el pleno desarrollo de su personalidad y se propicie su integración, familiar y social, paulatina y activa.  

«Se asegura una atención integral a los menores en aquellos casos en que se tiene que intervenir con los mismos o con sus familias», explican fuentes de la Gerencia.  

Las últimas cifras recogidas por el organismo de Servicios Sociales de Protección a la Infancia de la Junta de Castilla y León en diciembre del 2018 revelan que el número de casos en los que la Administración intervino suponen un 6,16% más en el último año. Esto responde a una mejoría de las medidas de protección a la infancia por parte de los organismos y a una mayor atención ante las situaciones que requieren de la intervención de los agentes sociales, recogen fuentes oficiales.  

La administración contempla cuatro medidas y recursos de protección en el caso de que el ambiente familiar del menor no sea el adecuado: el apoyo a la unidad familiar con las consiguientes charlas para garantizar que los progenitores comienzan a cumplir con el cuidado y la seguridad del menor, la retirada de la tutela temporal, la guarda en centros o con familias y la adopción.  

La intervención de los servicios sociales se da cuando existe un riesgo de desprotección del menor y hay que proceder a la separación familiar temporal porque, aunque el ambiente familiar no sea negativo, en ocasiones puntuales el niño se encuentra desamparado. En este caso no se le retira la custodia al progenitor siempre y cuando este colabore con los organismos para dar un giro a la situación. Pero sí se procede a una separación de carácter temporal en la que el niño o la niña espera a un cambio de la realidad en un centro de acogida o con una familia acogedora. Según la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Protección a la Infancia en el año 2015 hubo 506 menores protegidos mientras que en el 2018 hubo 18 más en León.

   

La alternativa de mayor intensidad que se pueda dar es la retirada de la tutela a los padres biológicos y que pasa a ser asumida por la Junta de Castilla y León ante una situación de desamparo o de riesgo en la se perjudica el desarrollo personal o social de menor. «Antes de que el organismo proceda, los Equipos de Apoyo a la Familia de las Corporaciones Locales trabajan con los progenitores o el progenitor para que adquieran las capacidades y habilidades parentales que les permitan atender adecuadamente a sus hijos», informan fuentes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales.  

Cuando la tutela pasa a manos de la Junta de Castilla y León, los niños y las niñas conviven en un centro o en una familia de acogida temporal. Llegado a este punto pueden darse dos opciones: o que el menor permanezca un tiempo a la espera de regresar con su familia biológica o la guarda hasta que aparezca una familia adoptiva y en la que el menor no podrá regresar con su familia biológica.  

En la provincia leonesa, en el año «2015 fueron retiradas 388 tutelas y en 2018, 421» detalla fuentes de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. De estas, «63 menores estaban en lista de espera para recibir una familia de acogida en el año 2015 y 50 en el pasado año», añaden. Actualmente, 128 niños y niñas son tutelados por la Gerencia Territorial de León.  

Hay ocasiones en las que el menor sufre maltrato en el ambiente intrafamiliar como «maltrato físico o psíquico, negligencias físicas o psíquicas, abusos o explotación sexual, inducción a la delincuencia, un modelo familiar inapropiado, el imposible incumplimiento de las obligaciones parentales, el abandono o la renuncia», explican fuentes oficiales de los Servicios Sociales de la Gerencia. Entre estos, «destacan las negligencias —27,21% la física y 22,32% la psíquica—, seguidas a distancia por el modelo inadecuado —14,20%—», cuentan.  

Respecto a los casos de abandono, entendiendo este como la «delegación total de los padres o tutores del cuidado del menor en otras personas, con desaparición física y desentendimiento completo» aumentó en los últimos años. «En 2015 hubo 2 menores leoneses abandonados mientras que el 2018 fueron 9», informan. La motivación que conducen a los progenitores a este tipo de maltrato «viene dada por la ausencia de apego hacia el menor, por problemas de salud mental en el padre o en la madre y por conflictos paterno-filiales», dicen fuentes oficiales de los Servicios Sociales.  

Las víctimas de renuncias son los recién nacidos. Este tipo de maltrato responde a la negativa explícita a reconocer la paternidad o la maternidad del menor o la negativa a poseer o mantener cualquier derecho legal sobre este. La Gerencia Territorial recoge en la provincia de León 4 casos en el año 2015 y uno más en el año 2018.