sábado 21/5/22

Nueva estrategia para atender en casa a las personas con discapacidad

La hoja de ruta aprobada por el Gobierno elimina la institucionalización forzosa, especialmente de los menores
                      La nueva estrategia impulsa la vida independiente. JESÚS F. SALVADORES
La nueva estrategia impulsa la vida independiente. JESÚS F. SALVADORES

La Estrategia sobre Discapacidad 2022-2030 aprobada por el Gobierno este martes plantea reducir las personas atendidas en centros, favorecer el impulso de la vida independiente y el apoyo en sus propios domicilios, además de eliminar la institucionalización forzosa, con especial atención a los menores.

La nueva hoja de ruta de la discapacidad para los próximos ocho años aborda las principales líneas de actuación y medidas para avanzar en la aplicación efectiva de un enfoque de derechos recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, superando el modelo asistencial y médico-rehabilitador.

Para ello, incluye planes para ampliar derechos en ámbitos clave como el acceso a servicios públicos, vivienda, educación, salud o cultura, para generar oportunidades y nuevos yacimientos de empleo entre este grupo de personas, destaca el documento al que ha tenido acceso Efe.

La estrategia pone especial atención a la infancia con discapacidad que vive en instituciones, planteando medidas que favorezcan modelos alternativos al cuidado en centros, como el acogimiento familiar.

Prioriza los servicios en la comunidad para personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo, poniendo en valor prácticas, iniciativas y experiencias para favorecer recorridos de vida independiente. La nueva estrategia reconoce la atención temprana como derecho subjetivo de todos los menores y defiende la formulación de estándares de calidad en este ámbito para las comunidades autónomas.

Discriminación

Entre las medidas legislativas, destaca la reforma del artículo 49 de la Constitución para consagrar la expresión «personas con discapacidad» y prohibir cualquier tipo de discriminación, recogiendo la obligación de los poderes públicos de realizar las políticas necesarias para garantizar su autonomía personal y su inclusión social, respetando su elección, con la participación de sus organizaciones.

Describe retos, como el de asegurar una educación inclusiva que favorezca el máximo desarrollo de la personalidad, capacidades y competencias del alumnado con discapacidad, aumentar la tasa de actividad avanzando en el derecho a un empleo digno e intensificar los apoyos para que puedan gozar del nivel más alto de salud (física, mental y social).

También, el de promover la participación y disfrute en la vida política, cultural, en actividades de ocio, turismo, esparcimiento y deporte, priorizando a los menores: en el ámbito de la vivienda, promover opciones accesibles y asequibles.

Respecto a las mujeres y niñas con discapacidad, establece asegurar el acceso a sus derechos en igualdad de condiciones y erradicar las situaciones de violencia y discriminación.

En el ámbito rural, en el que viven la cuarta parte de la población española con discapacidad, propone medidas dirigidas a estas personas con un perfil sensiblemente más envejecido, feminizado y con nivel educativo más bajo que las que reside en entornos urbanos.

La nueva hoja de ruta de la discapacidad no detalla una memoria económica porque entiende que no supone incremento del gasto público, ya que se limita a definir objetivos estratégicos y ámbitos de actuación, sin medidas concretas que pudieran llevar aparejado coste.

Nueva estrategia para atender en casa a las personas con discapacidad
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