«La nueva normalidad no debe cambiar nuestros derechos y libertades»

Teresa Mata Sierra, jefa del Departamento de Derecho Público de la Universidad de León, es crítica con la gestión del estado de alarma como herramienta jurídica básica de la contención de la pandemia. Su aplicación «ha supuesto una cierta distorsión de la separación de poderes propia de un sistema democrático», valora.

El Gobierno ha concentrado «n poder excesivo, sobredimensionando sus funciones, mientras que el poder legislativo se ha mantenido al ralentí, con un poder judicial ya de por sí de lento funcionamiento», precisa. Mata señala que la restricción de derechos como la libre circulación —artículo 19 de la Constituución— no está contemplada en la Carta Magna salvo en el caso del estado de excepción y de sitio. «De ahí, una de las grandes dudas que ha venido suscitando la constitucionalidad de las medidas adoptadas al amparo del estado de alarma», apunta. Más contundente se muestra respecto al artículo 20 sobre libertad de expresión. «Es inadmisible», afirma, que se filtraran preguntas en ruedas de prensa e intentar controlar las redes sociales.

En suma, cree que la democracia está pasando una dura prueba de estrés con esta figura que considera excesiva en el caso del decreto del 25 de octubre en vigor hasta el 9 de mayo. «Me parece criticable desde el punto de vista de la seguridad jurídica y porque sobredimensiona los poderes del Ejecutivo minimizando el necesario control del Parlamento», señala. La ‘nueva normalidad’, advierte, «no debe aprovecharse para cambiar nuestros derechos y libertades».