Nuevo plan para impulsar la Ley de Dependencia
Los objetivos son mejorar prestaciones, prestaciones y reducir las listas de espera
Reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones económicas y las condiciones de los profesionales son objetivos prioritarios del nuevo Plan de Choque de la Dependencia, que aprobó ayer el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Dependencia.
El sistema incluye actualmente a 1,1 millones de personas beneficiarias con derecho efectivo a prestaciones, mientras que unas 380.000 personas están a la espera de un procedimiento, según señala el Ministerio de Derechos Sociales en un comunicado.
Con un incremento de 600 millones de euros en la financiación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) por parte de la administración general del Estado, el acuerdo fija un calendario para implementar de forma progresiva todas las medidas en un plazo de tres años.
Un respaldo económico que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se compromete a incluir en sus propuestas para los presupuestos de 2022 y 2023 «con una magnitud similar», según recoge el plan de choque, que ayer logró el respaldo de empresarios y sindicatos.
«Tenemos por delante una importante tarea para poner en marcha este Plan», ha dicho el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que ha presidido telemáticamente la reunión del Consejo Interterritorial. Iglesias destaca la inversión en «esta política pública y los importantes retornos económicos que genera, además de su contribución al bienestar y los derechos sociales».
Prestaciones
En concreto, el plan detalla que la partida que recibirán las comunidades por prestación de servicios a las personas dependientes de Grado I (dependientes moderados) aumentará 12,62 euros, al pasar de 47,38 a 60 euros; la de Grado II (dependientes severos) sube 9,51 euros al situarse en 94 euros frente a los 84,49 anteriores, y la de Grado III se incrementa 44,87 euros (de 190,13 a 235 euros).
A lo largo de 2021 se llevará a cabo una evaluación completa del SAAD, que financiará el Ministerio de Derechos Sociales, y que servirá como marco para los cambios que necesite a medio plazo el sistema.