Once comunidades apoyan el adelanto del toque de queda y presionan a Illa

Los presidentes de once comunidades autónomas como Baleares, Castilla-La Mancha. Andalucía, Murcia, Madrid, Canarias, Galicia, Cantabria, País Vasco y Cataluña se colocan del lado de la Junta de Castilla y León y presionan al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que inicie los trámites para modificar el estado de alarma y permitir el adelanto del toque de queda a las ocho de la noche, dos horas antes del margen que recoge el actual decreto aprobado por el Gobierno en octubre. La Comunidad Valenciana también está de acuerdo, pero esperará a la negociación del Comité Interterritorial.

El Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla, una coalición formada por PSOE, Cs y CPM, también anunció que apoyará el adelanto.

El órdago lanzado por la Junta de Castilla y León al Gobierno central, ha provocado un mar de fondo en las comunidades autónomas que piden herramientas jurídicas con las que poder articular más medidas para combatir el auge de la pandemia en la que ya se ha oficializado como la tercera ola. El Gobierno presentó ayer ante el Tribunal Supremo el anunciado recurso contra el decreto de la Junta en el que solicita medidas cautelares. Esta última petición sorprendió. Para la paralización del decreto de Castilla y León en un plazo no superior a 48 horas hacía necesaria la solicitud de medidas cautelarísimas, por lo que la sala del Supremo, que se reúne hoy, tiene que decidir primero si aceptar el recurso y, después, si decide abrir una pieza diferente con la petición de medidas cautelares. En caso de que así sea, el tribunal tendría que pedir un informe al gobierno autonómico con una justificación de la medida, para lo que la Junta tendrá un plazo no superior a diez días para contestar.

Sin embargo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se comprometió con las comunidades autónomas a estudiar las propuestas del adelanto de toque de queda a las ocho de la tarde «por consenso», una discusión que se abordará en la reunión del Consejo Interterritorial de mañana miércoles. Además del acuerdo en el Consejo Interterritorial, el cambio en el estado de alarma obligaría a otro paso por el Congreso, donde el Ejecutivo debe hacer frente a una dura negociación para encontrar los apoyos.

El decreto sigue en vigor

Mientras tanto, la Junta de Castilla y León mantiene el decreto, que continúa en vigor. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió ayer la vía política y pidió modificar el estado alarma para evitar controversias jurídicas. El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, entiende que los ciudadanos de Castilla y León tienen que respetar el toque de queda acordado por la Junta, desde las ocho de la tarde, aunque lo haya recurrido el Gobierno, hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie. Así lo apuntó en una entrevista en la Sexta en la que defiende el recurso contra la decisión de la Junta de Castilla y León, porque el Gobierno considera que dicho adelanto «no está amparado con el actual decreto del estado de alarma».

Fuentes de la Junta aseguran que la Junta mantiene inalterable el decreto del sábado y sólo modificarán las medidas en función de la evolución epidemiológica.

Más reacciones políticas

La Asociación Española de Abogados Cristianos anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión de la Junta de Castilla y León, entre otras medidas restrictivas, de limitar a veinticinco personas el aforo máximo de los templos durante las celebraciones religiosas.

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León registró ayer en las Cortes una petición de documentación para conocer los informes jurídicos que avalan el adelanto del toque de queda.

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, volvió ayer a criticar a la Junta por su decisión de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas, a su juicio para «llamar a la sublevación y a la rebelión contra el Gobierno de España».

El líder nacional del PP, Pablo Casado, acusó al Gobierno de ser como «el perro del hortelano» porque ni «consigue frenar al virus» del Covid-19 «ni deja que otros tomen las medidas para intentar frenarlo». A su entender, «de nada sirve enfrentar políticamente a las comunidades autónomas».

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, critica que ni Gobierno ni comunidades autónomas cuenten con medidas contra el coronavirus tras diez meses de pandemia y únicamente «sepan» recurrir a confinamientos o toques de queda, que avisa que la formación política «jamás» apoyará y además combatirá en los tribunales.

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, dijo ayer que el gobierno autonómico no podía esperar más, y argumentó en este sentido que hoy habrá cerca de 3.000 nuevos contagiados. «No podíamos esperar un día más», ha expresado el también portavoz del Ejecutivo autonómico en declaraciones a Cuatro TV sobre el toque de queda en vigor desde el pasado sábado a las 20.00 horas y la limitación de reuniones a cuatro personas, entre otras actuaciones establecidas para luchar contra la propagación de la covid-19.