Las ONG demandan al Gobierno por no luchar contra el cambio climático

Aunque la «ambición climática» ha sido una de las principales cartas de presentación del Gobierno de Pedro Sánchez, organizando la cumbre anual de la ONU en 2019 y elevando el ministerio de Teresa Ribera hasta una vicepresidencia, las principales ONG ecologistas de España han presentado una demanda ante el Tribunal Supremo para que implemente medidas reales para cumplir con el Acuerdo de París, y su objetivo de no sobrepasar la meta de calentamiento global. Por la «inacción contra el cambio climático», Greenpeace, Oxfam Intermón y Ecologistas en Acción argumentan que el Gobierno vulnera incluso «derechos fundamentales».

El litigio tiene su origen en una reclamación formal presentada al Gobierno que no tuvo respuesta, en la que acusaban a la Administración General del Estado de «inactividad climática» y exigía la «adopción de las medidas pertinentes para cumplir las obligaciones históricas y ambientales del Estado español». Ante el silencio, que se sumaba a que la sociedad civil no había participado lo suficiente en la confección de los planes del Ministerio de Transición Ecológica, las tres organizaciones acudieron ayer a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, para interponer el recurso.

Aunque la política ambiental involucra a varias administraciones y empresas, «quien tiene que fijar las reglas de juego es el Gobierno Central y la demanda va encaminada a que lo haga», señala Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción. España se comprometió a implementar políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% (mínimo) para 2030, pero el objetivo establecido por el Ministerio de Transición Ecológica es de 23%, sostienen las ONG, «muy por debajo del referido compromiso internacional». «Los Gobiernos somos particularmente responsables de transformar nuestro modelo de desarrollo, progreso y consumo pero hay un pequeño error», responde la vicepresidenta Ribera al conocer la acción de las ONG. «El Plan Nacional Integral de Energía y Clima ya está aprobado y remitido a Bruselas, y ya es proyecto de ley, está en tramitación parlamentaria. Y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es definitivo». La responsable de Transición Ecológica asegura que «es normal que los ciudadanos pidan más acción en materia del clima» pero se requiere el «compromiso por parte de todos los grupos parlamentarios.