Diario de León

La ONU alerta de que la red de protección social está rota

El ex relator considera que el ingreso mínimo vital «podría ser de gran ayuda», pero cree que se necesitan más medidas

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El sistema de protección social en España «está roto e insuficientemente financiado». Es la conclusión a la que ha llegado Philip Alston, el ex relator de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, en el informe que acaba de hacer público. Un documento en el que explica que la red ya era «completamente inadecuada» antes de la pandemia, pero que la Covid-19 no ha hecho más que poner en evidencia hasta qué punto está fallando a la gente.

En el mismo texto, el experto reconoce que la adopción de una fórmula como la del ingreso mínimo vital a nivel nacional «podría ser de gran ayuda», pero considera que debería ser solo la primera de muchas medidas que se tomen con urgencia para paliar el descalabro social.

Alston visitó España del 27 de enero al 7 de febrero de 2020 y encontró «niveles aterradores de pobreza y exclusión, políticas gubernamentales que no llegan a las personas que necesitan apoyo y niveles escandalosamente altos de desigualdad». Incluso antes de la pandemia, apunta, el 26,1% de la población en España y el 29,5% de los niños se encontraban en riesgo de pobreza o de exclusión social, una de las tasas más altas en Europa. En este sentido, dice, «más de la mitad experimentaba dificultades para llegar a fin de mes y el 5,4%sufría carencia material severa. La tasa de paro era del 13,78%».

«La pobreza en España está anclada en un sistema de protección social que está roto e insuficientemente financiado, en el que es imposible orientarse y que no llega a las personas que más lo necesitan», afirma Alston en el comunicado que hizo público ayer. «La necesidad de reformas en profundidad ha quedado aún en mayor evidencia desde mi visita. El Covid-19 ha arrojado luz sobre las graves deficiencias en las políticas del gobierno central y las comunidades autónomas para combatir la pobreza, con millones de personas que no pueden trabajar sufriendo por retrasos en el pago de prestaciones, problemas técnicos y una asistencia inadecuada».

En opinión de Alston, «el gobierno ha reaccionado a la pandemia con una serie de iniciativas positivas para proteger a las personas en situación precaria, incluidas nuevas medidas para proteger empleos y viviendas, extender la protección al colectivo de trabajadoras domésticas y un nuevo ingreso mínimo vital a nivel nacional para apoyar a 850.000 familias vulnerables». Para el experto, estas decisiones «suponen una gran mejora con respecto a la respuesta a la última recesión, con la que se enquistó la pobreza y que llevó a una explosión de desigualdad».

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