Crisis por el coronavirus
Los partidos reclaman a Sánchez un plan alternativo al estado de alarma
«El Gobierno no quiere que haya más prórrogas y con esa intención trabajamos»
El toque de queda en Castilla y León está fijado a las diez de la noche. FERNANDO OTERO
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó ayer que no prevé prorrogar el estado de alarma una vez que concluya el 9 de mayo al existir «herramientas jurídicas suficientes» para seguir actuando, si bien el grueso de los partidos reclama pactar una alternativa jurídica antes de que decaiga.
Sánchez, que intervino ayer en la sesión de control en el Senado, aseguró que la aceleración del proceso de vacunación ha generado «un escenario completamente distinto» respecto a hace unos meses que permite suavizar las medidas vigentes desde finales del pasado mes de octubre, como el toque de queda o los confinamientos de las comunidades autónomas.
«El Gobierno tiene una intención y trabaja para que sea posible esa intención. El Gobierno quiere que no haya más prórrogas. Con esa intención trabajamos», ha zanjado el presidente en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa después de que vayas autonomías se hayan inclinado por prolongar la alarma.
Sánchez subrayó que el Consejo Interterritorial, donde participan el Ejecutivo y las comunidades autónomas, tiene capacidad de dictar medidas de «obligado cumplimiento», como han establecido los tribunales superiores de Justicia.
Por ello, aboga por proseguir con los mecanismos de cogobernanza sin necesidad de renovar el estado de alarma.
«Tenemos suficientes herramientas jurídicas para abordar con garantías la pandemia en este estadio de la pandemia, que hoy es un proceso de vacunación que se va a intensificar en las próximas semanas», ha argumentado Sánchez, quien mañana comparecerá en el Congreso para dar cuenta de la gestión de la pandemia.
El PP ha reclamado un «plan B jurídico» ante el fin de la alarma, que pasaría por una reforma urgente de la ley de salud pública tras culpar a Sánchez del «abismo» y la «incertidumbre» que podría darse a partir del 9 de mayo, según su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.
Los populares rechazan extender el estado de alarma, al considerar que esta vía se usa para tener «anestesiados» y «controlados» los derechos y libertades de los españoles ante la «dejación» del Gobierno.
Gamarra acusó al presidente de usar la pandemia como «arma electoral» ante los comicios en Madrid, como ya lo hizo en los de Cataluña de febrero.