lunes 1/3/21
Toque de queda en la Comunidad

El plan B de la Junta es cerrar antes servicios no esenciales

El Gobierno va al Supremo con el adelanto del toque de queda que defiende Castilla y León. La Junta recuerda que el decreto publicado en el Bocyl sigue vigente hasta que no haya resolución judicial.

La Junta de Castilla y León tiene un plan B. Tras el anuncio del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Supremo el decreto de Castilla y León que adelanta el toque de queda a las ocho de la tarde, el gobierno autonómico baraja tomar otras decisiones, entre las que se encuentra el adelanto del horario de cierre de los servicios que no son esenciales, un medida cuyos efectos se acercan más a los buscados con el toque de queda a las 22.00 horas, pero que el gobierno autonómico descartó en un principio al considera que anticipar el toque de queda era más eficaz para frenar el avance de la pandemia, según confirman a este periódico fuentes de la Junta. «Si el Supremo dicta en contra del decreto se tomarán otras medidas que, aunque no sean exactamente iguales, se aproximan bastante, como es el adelanto del horario de cierre de servicios no esenciales». Las nuevas medidas, si no redactadas al completo, sí está esbozadas y podrían ponerse en marcha de manera inmediata tras una reunión extraordinaria del comité de crisis y de una Junta de Gobierno, explican las mismas fuentes. El adelanto del cierre de los servicios no esenciales es una medida propuestas por el comité de expertos «y que ha sido muy debatida por su eficacia, pero también por las repercusiones económicas que entraña», aseguran desde la Junta.

El Gobierno central va al Supremo con el decreto de la Junta porque considera que vulnera el decreto del estado de alarma, que fija restricciones de movilidad entre las 22.00 y las 07.00 horas. De momento, hasta que el tribunal se pronuncie sobre si el adelanto del toque de queda es una restricción de un derecho fundamental que no está amparada por el instrumento jurídico del estado de alarma— algo que podría producirse en horas— o toma alguna medida cautelar hasta la resolución definitiva, la Junta recuerda en un comunicado que sigue en vigor el decreto autonómico y lamenta que con su recurso el Ejecutivo «trate de obstaculizar» una acción autonómica que «tiene como único objetivo proteger la vida y la salud de las personas, y reducir lo más posible el daño a la economía». El comunicado recuerda que la situación epidemiológica y sanitaria en Castilla y León es «de extrema gravedad», ya que la incidencia acumulada se ha multiplicado por cinco desde el 1 de enero y el número de ingresados por covid se ha duplicado.

A la espera del supremo

El sindicato Jupol, mayoritario Consejo de la Policía Nacional, y la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil) mostraron ayer su preocupación ante las «dudas» existentes sobre la vigencia del toque de queda y pidieron a la Delegación del Gobierno que traslade por escrito cuáles son las órdenes al respecto.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, consideró ayer que «la vía unilateral es un error» y calificó de un «exceso bárbaro» el cometido por la Junta. «Espero que Mañueco vuelva a la casilla de salida del viernes y anule el acuerdo».

El líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, pidió a Mañueco, que «tome las riendas por una vez y recupere la cordura y la moderación».

El presidente del PP, Pablo Casado, critica que el Gobierno ataque a las comunidades autónomas gobernadas por el PP «en vez de dar la cara, asumir su responsabilidad y hacer algo eficaz».

El plan B de la Junta es cerrar antes servicios no esenciales
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