Los plazos se alargan y la rampa sin hacer

La carretera provincial LE 451, tres escalones, una acera de dos metros, la burocracia y un grave problema de movilidad dificultan el acceso a su vivienda a Victoria Fernández, una vecina de La Cerrera de Otero. Su marido, Amador García, solicitó en agosto autorización para construir una rampa. El Ayuntamiento Villaobispo de Otero le contestó el 2 de octubre y le da un plazo de quince días para presentar un certificado de movilidad reducida que tiene que expedir el Centro Base de León que la ha emplazado para dentro de cinco meses.

«No pido dinero. Soy un guardia civil jubilado y con mi pensión tengo suficiente para que podamos vivir bien, nunca he pedido nada. La rampa la voy a pagar yo, pero todo son problemas», asegura Amador.

Amador cree que con 70 centímetros de rampa que sustituyan a los peldaños tendría suficiente para que su mujer accediera a la vivienda sin dificultad. El Ayuntamiento, además del certificado de movilidad reducida, le pide un croquis con la obra que quiere hacer y los materiales necesarios para construirla. La rampa ocuparía parte de la acera, de aproximadamente dos metros, que separa su vivienda de la carretera provincial.

Victoria tiene 64 años y dificultades de movilidad ocasionados por los problemas en las rodillas. Un certificado médico del traumatólogo que la atiende acredita una dolencia en las rodilla para la que está desaconsejada la cirugía por sus patologías asociadas, pero hasta ahora ni ella ni su marido han solicitado ninguna valoración ni ayuda para la dependencia. Victoria apenas puede mover las piernas y tiene una dificultad absoluta para doblar las rodillas. Para subir los escalones se apoya en bastones. Amador ha colocado unos tacos de madera entre los espacios de los peldaños para que el esfuerzo de la subida sea menor.

La carta del Ayuntamiento llegó el 2 de octubre. Amador y Victoria viajaron a León el lunes, transcurrido ya el plazo para presentar la solicitud de valoración de la Gerencia de Servicios Sociales, donde verbalmente les han indicado que recibirán la llamada de la unidad de estudio para personas dependientes y con discapacidad, el Centro Base situado en José Aguado, no antes de cinco meses. «Estamos desesperados, ya no sabemos a quién recurrir», dice Amador que ve con preocupación el esfuerzo de su mujer cada vez que tiene que entrar en el domicilio. Los plazos se alargan y, mientras tanto, la rampa está sin hacer.

Decenas de solicitudes diarias

El Centro Base de valoración para la discapacidad y dependencia de León es el que más solicitudes diarias recibe de toda la comunidad. Decenas de peticiones diarias que se clasifican en función de la urgencia de la petición. Fuentes consultadas por esta periódico aseguran que la política de atención es similar a los triajes en los hospitales. Primero los pacientes con un problema de salud severo, como los tumores en un estadío cuatro o pacientes con ELA (esclerosis lateral amiotrófica) con un pronóstico más grave.

Tres médicos, tres trabajadores sociales y tres psicólogos están al frente de estas valoraciones en el Centro Base de León, un trabajo que además se incremente con las reclamaciones de los usuarios. Durante la primera ola de la pandemia de coronavirus, el trabajo de valoraciones se ralentizó al pasar parte de los profesionales a realizar trabajos en los equipos covid. «El volumen de trabajo es desbordante», aseguran fuentes consultadas, por lo que aconsejan que en las solicitudes que se envíe para valoración se incorporen documentos que acrediten la urgencia para la valoración.