Diario de León

Residencias a más de treinta grados

Denuncian las altas temperaturas que soportan los centros públicos de mayores

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El Sindicato de Enfermería, Satse, en León, denuncia la situación que viven los trabajadores y los residentes de los centros públicos de personas mayores de León y Ponferrada, donde soportan temperaturas superiores a 30 grados sin aire acondicionado ni otro tipo de climatización, lo que pone en riesgo su salud.

Ante esta situación, el Sindicato de Enfermería exige que se tomen las medidas oportunas para resolverlo a la mayor brevedad posible, evitando situaciones que puedan conllevar riesgos para la salud de estas personas, que en su mayoría son muy vulnerables.

Satse ya dirigió un escrito a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de León el pasado 29 de junio sin que haya recibido respuesta a día de hoy por parte de este departamento, lo que da a entender una falta de preocupación de la administración sociosanitaria por el bienestar y la salud de los residentes y trabajadores de estos centros, además de que incumple la normativa. La temperatura supera los 30 grados y la obligatoriedad de usar mascarilla en centros sociosanitarios está contribuyendo a agravar la sensación de fatiga de los residentes y los trabajadores, con los consiguientes riesgos que ello entraña. Satse León explica que, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), la política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Además, La Ley 5/2003, de atención y protección a las personas mayores de Castilla y León señala que la temperatura de las distintas áreas será la adecuada en función de su uso y de la época del año, garantizándose en todo momento el bienestar de las personas mayores. El Sindicato de Enfermería asegura que «hay que paliar los efectos del calor en los mayores en lo posible, máxime, cuando se trata de personas con mucho riesgo», porque es inaudito que una administración que debe velar por las personas más vulnerables haga oídos sordos a una necesidad tan importante.

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