jueves 22/10/20

Sanidad restringe la movilidad en Madrid, que dará la batalla legal

Se acabaron los paños calientes. Manu militari’ y aunque no exista el consenso que quería Salvador Illa, cuarentena para 5 millones de madrileños. El Gobierno impondrá de forma inminente —«en los próximos días»— el confinamiento perimetral de la ciudad de Madrid y de los nueve grandes municipios de su cinturón, a pesar del rechazo frontal de la medida por parte del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Y no solo, también con la negativa de varias comunidades del PP y de Cataluña a avalar este proyecto para obligar a confinar a las grandes ciudades de España de más de 100.000 vecinos si, entre otros índices, las tasas de incidencia acumulada (IA) del virus en esos núcleos se desbocan por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes.

Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta votaron en contra este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del proyecto exprés de Sanidad para poner en cuarentena a la Comunidad de Madrid y acabar de una vez por todas con semanas de guerras abiertas en Ayuso y Pedro Sánchez. Sin embargo, la falta de unanimidad en este foro solo tuvo consecuencias estéticas porque a Sanidad le bastaba con que el documento fuera aprobado por mayoría, aunque ésta fuera exigua, para hacerlo ejecutivo, según establece el Plan de Respuesta Temprana aprobado después del fin del estado de alarma para gestionar los rebrotes de las nueva normalidad y la Ley de Cohesión Sanitaria.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está dispuesto a llevar al extremo su enfrentamiento con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, hasta el punto de no reconocer la legitimidad del Ministerio de Sanidad para ordenar los confinamientos perimetrales de Madrid y los nueve municipios por considerarlos poco menos que ilegales.

El consejero de Sanidad de la comunidad, Enrique Ruiz Escudero, fue contundente: «La medida jurídicamente no es válida». Por ello, ya anunció que el Gobierno regional dará la batalla en los tribunales del Contencioso-Administrativo para intentar anular cuanto antes la orden de confinamientos sin descartar alguna suerte de insumisión a las órden de Sanidad tras su publicación en el BOE.

El argumento de la comunidad es que el confinamiento no fue aprobado por consenso tal y como señala el reglamento del Consejo Interterritorial y que la maniobra de llevar estas medidas en una orden con el amparo de la normativa para la nueva normalidad (el Plan de Respuesta Temprana) es directamente ilegal. Las decisiones tomadas «atañen al Sistema Nacional de Salud y a derechos fundamentales», apuntó el Ruiz Escudero.

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