El Supremo tendrá la última palabra sobre restricciones

No es el plan B que reclamaban las comunidades pero el Gobierno tratará con un decreto exprés proteger a las autonomías y sus restricciones cuando el 9 de mayo decaiga el actual estado de alarma. El Consejo de Ministro aprobó este martes un decreto en el que, además de extender las medidas del llamado escudo social tal y como estaba previsto, reforma de manera exprés la Ley 29/1998 ‘reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa’. Todo ello, para permitir a las autonomías recurrir en casación ante el Tribunal Supremo de forma inmediata si los respectivos tribunales superiores de justicia tumban sus restricciones, al entender que medidas como el toque de queda o los cierres perimetrales afectan a derechos fundamentales y no se pueden hacerse sin el paraguas del estado de alarma.

Estas apelaciones —explicó la vicepresidenta Carmen Calvo-—podrán ser casi instantáneas ante el alto tribunal, por lo que el Supremo podrá establecer una doctrina de manera mucho más rápida (en «tiempo récord» en palabras de Calvo), evitando así la inseguridad jurídica que se barruntaba para las próximas semanas y meses, dado que hasta ahora los recursos ante el Supremo por las restricciones iban a tardar meses en llegar y quizás años en resolverse.

El Gobierno, que se reafirma en su voluntad de acabar definitivamente con el estado de alarma a las 23.59 horas del próximo sábado, cree que esta reforma contentará a las comunidades que con más vehemencia, particularmente País Vasco, Castilla y León y Galicia, habían pedido que se mantuviera la legislación de excepción para seguir imponiendo recortes de derechos fundamentales con el fin de contener la pandemia.

Tras el 9 de mayo, España volverá, pero con matices, a la situación jurídica que vivía el 24 de octubre antes de la entrada en vigor del actual estado de alarma.

Castilla y León decidirá mañana jueves las medidas que se mantendrán en la comunidad a partir del domingo, cuando decaiga el estado de alarma.