jueves 20/1/22
Luis Armando González Placencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (México)

«En Tlaxcala despedimos a 20 profesores por acoso sexual»

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Luis Armando González Placencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (México), visitó León para firmar acuerdos de colaboración que ahondan en la relación que mantiene la institución académica mexicana con la Universidad de León con intercambios y un doble grado en Turismo que ahora se trata de extender al doctorado. Experto en Derechos Humanos, fue el equivalente al Procurador del Común o Defensor del Pueblo en Ciudad de México.

—¿Cómo es la defensoría de los derechos humanos en México?

—Nosotros heredamos la institución tanto de Suecia como de España, pero la particularidad de las realidades Latinoamericana y mexicana es que todavía hay una presencia de violaciones muy graves como la tortura, las desapariciones, las detenciones arbitrarias. Después de los últimos dos sexenios, México se convirtió en una fosa clandestina con una cantidad incontada de personas que han perdido la vida, desaparecidas, desplazadas de sus lugares de origen, tanto por el fenómeno del narcotráfico (que se exacerbó a lo largo del siglo XXI) como por la acción de las fuerzas armada, la marina, la policía y el ejército, que están en funciones de policía haciendo vigilancia y también son responsables de una importante cantidad de estas violaciones.

—En el caso de las mujeres, ¿hay una problemática específica en México?

—Hace tiempo que hay una problemática en relación con la desaparición de mujeres. Se hizo muy famoso el caso de las llamadas muertas de Juárez por haber sido Ciudad Juárez como el epicentro, pero luego nos dimos cuenta de que ese fenómeno se repetía en varias ciudades del país, desafortunadamente, y dio lugar incluso a que se tipificara un delito especial, el de feminicidio, porque el común denominador de estas muertes tiene que ver con que las mata por ser mujeres. No es lo mismo que un homicidio, ni es lo mismo el sexo de la persona. Esa circunstancia sigue y ahora se ha ‘aderezado’ con toda la visibilización de la violencia de género, que no lleva a la muerte pero que ha planteado un problema muy importante de denuncias por acoso y otros comportamientos de agresión sexual en las instituciones en general pero en las universidades en particular.

—¿Cuándo se empieza a visibilizar en las universidades el problema?

—En las universidades estalló este asunto un poquito antes de la pandemia, como aquí hubo una gran manifestación el 8 de marzo de 2020. Fue la última vez que salieron las chicas a la calle. Ahora se ha retomado pero la virulencia que ha tenido el movimiento creo que es proporcional a la violencia psicológica y a la violencia física que han sufrido por décadas, incluso yo diría que por centenas de años. Ahora se ha hecho visible pero ha existido desde siempre.

—¿Qué se ha hecho?

—La primera reacción fue quitarles el puesto a una cantidad importante de profesores con los riesgos que implican los juicios laborales. Esta reacción puso en claro que no hay impunidad, en algunas universidades más que en otras. Pero también se ha avanzado, en realidad se ha acelerado, porque ya habíamos empezado trabajar en esos temas antes, la elaboración de estrategias tanto punitivas como no punitivas. Sobre todo estas últimas, que lo que buscan es cambiar las actitudes en el profesorado y también en el estudiantado de manera que los chicos y las chicas tengan claridad sobre qué comportamientos comportan violencia aunque no lo parezca porque está muy normalizada.

—¿Cómo lo han articulado?

—Existe la figura del Ombudsman universitario pero fue pensada para otro contexto distinto. Se han creado oficinas de atención a la violencia de género, que no solamente reciben quejas sino que tienen que tener personal especializado para atender casos de emergencia. Tampoco estaba considerada la violencia de género como una causa de despido, sobre todo en los contratos colectivos y no estaba incorporado en el clausulado. Ahora ya se empieza a incorporar en muchas universidades.

—¿Son difíciles de aplicar estos cambios?

—Lo más lento, por supuesto, es que los profesores entiendan la responsabilidad que tienen porque lo justifican de mil maneras. Intentan justificar lo injustificable. Tuvimos una reforma muy importante en 2011 en materia de derechos humanos y a las universidades, donde nace, paradójicamente, no llega. Recientemente se ha empezado a discutir que eso que rige para todo el país, para todo el territorio mexicano rija también dentro de las universidades y genere responsabilidades a los profesores y profesoras que incurran en estos actos. Se va a avanzando poco a poco, pero creo que hay mucho que hacer todavía.

—¿Se sabe cuántos profesores han sido expulsados por conductas de acoso y violencia?

—En todo el país no lo sé, pero en mi universidad veinte al menos.

—¿De cuánta plantilla?

—Unos tres mil profesores. Al parecer ha funcionado. La pandemia también implicó las relaciones directas. Esperamos que ahora, si se puede volver, la experiencia de esos veinte profesores sirva como una suerte de prevención general. De cualquier manera, hemos trabajado en talleres, en charlas, que nos dan periodistas muy conocidas en México, para conocer el protocolo que ahora tenemos para estos casos. Se ha estado trabajando mucho, aprovechando la pandemia, y esperamos que haya un cambio en la actitud de las y los profesores.

—¿Es más grave que estos hechos ocurran en la universidad?

—La universidad es un microcosmos que magnifica lo que pasa fuera y por esta razón la obligación aumenta. Los profesores y profesoras universitarias tenemos lo que en el mundo de los derechos humanos se conoce como una obligación reforzada. Tenemos las obligaciones que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas, pero, además, un plus por el hecho de que están bajo nuestra custodia personas que lo están para finalidades específicas como la educación. Y resulta paradójico que, teniendo esa obligación, existan estos comportamientos. Si tenemos una obligación reforzada, la violación también tiene esa connotación que la agrava notablemente. Es una cosa que ha costado mucho trabajo que se entiende. Es muy básica, tendría que ser intuitiva, pero no lo es. Pesan mucho las inercias del patriarcado y del mandato de masculinidad y sobre todo la impunidad. Como eran invisibles y nadie les denunciaba se daba. Ahora el mensaje es que no deben tolerarse y que la universidad está obligada a dar una respuesta. Contundente y definitiva.

—¿El modelo que han implantado para atajar el problema es exportable para España?

—No conozco cuál es la dimensión del fenómeno en las universidades españolas, ni tampoco como lo están manejando. Supongo que están reaccionando igual, pero la experiencia que se está desarrollando en México me parece interesante y replicable, no tiene nada de particular. Todos nuestros países conocen mecanismos como la mediación, la conciliación, con todos los mecanismos de formación y cambio de actitudes, las ventanillas de denuncia... Por ejemplo, en la Universidad de Tlaxcala no quisimos poner una ventanilla física porque no se acercan las personas y creamos un mecanismo muy interesante -paradójicamente de estas cosas positivas que nos dejó la pandemia- con el uso de las plataformas, que te permiten guardar la confidencialidad, de modo que la denuncia se puede hacer de forma anónima hasta un cierto punto. Hay un punto en que el anonimato que tiene que ceder pero antes de eso, lo importante era que se animaran las chicas a poner la denuncia. Ahora veremos, ya empezamos a regresar y, si no tenemos una cuarta ola, seguiremos y supongo que será un buen momento para probar que todos estos mecanismos están funcionando bien. Pero creo que lo importante es que se pongan en marcha y se ensayen. Están destinados a mandar un mensaje de no impunidad y por otra parte a buscar un acceso a la justifica de parte de las chicas.

—En el caso de las desapariciones destacan además de las mujeres, los estudiantes. ¿Se da este fenómeno en su universidad?

—Hemos tenido casos esporádicos, pero Tlaxcala no es una zona donde haya mucha desparición y la que hay no está vinculada necesariamente con la universidad. En el norte del país sí ha habido más, en Guanajuato, en el estado de León en México. El fenómeno de la desaparición tiene que ver con la presencia de los grupos criminales que están diseminados en todo el norte del país, en algunos lugares del sur, pero menos, y con acción de las fuerzas armadas.

—¿Cómo se percibe el zapatismo en México ahora?

—El zapatismo entró en una fase de latencia después de ese momento de los 90 con mucha presencia. Ha estado ahí. Lo que se sabe es que ellos lidian con todo el problema del narcotráfico, que es muy fuerte en esa zona de Chiapas y han aparecido recientemente porque se oponen a un proyecto que hay en el sureste para desarrollar un tren, el tren maya que va a abarcar toda la zona del Yucatán, y ellos tienen un planteamiento ecologista contra este proyecto. Hasta ahora todo ha sido declarativo.

—¿La represión e incluso asesinatos por la defensa del medio ambiente son otro factor que pone en jaque los derechos humanos de comunidades indígenas y mujeres?

—Tenemos toda una discusión con los megaproyectos. Eso no ha cambiado. Los gobiernos calificados como neoliberales se caracterizaron por estos megaproyectos: parques eólicos, presas, infraestructura turística, sobre todo española, que ha tenido importante impacto en el sureste. Así como las desapariciones se dan en el norte, estas otras violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales se dan en el sur. Hubo un problema serio con los desplazamientos. Esas violaciones que tienen un componente territorial, cuando vienen los reclamos se convierten también en violencia física (torturas, detenciones, desapariciones). Es como el perro que se muerde la cola. Una violación que parece inocua —se quejan porque van a poner un hotel que aparentemente es desarrollo— pero todo lo que implica de impacto cultural y ambiental termina en víctimas de violencia física.

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