lunes. 27.06.2022
Myriam Salazar Muñoz, letrada en Cremades & Calvo Sotelo abogados

«Todos los casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia son terribles»

                      Myriam Salazar es una de las letradas que realiza el informe sobre abusos sexuales a menores en la Iglesia católica. BENITO ORDÓÑEZ
Myriam Salazar es una de las letradas que realiza el informe sobre abusos sexuales a menores en la Iglesia católica. BENITO ORDÓÑEZ

El despacho de Cremades&Calvo Sotelo Abogados que realiza el informe auditoría encargado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) para reflejar la realidad de los abusos sexuales a menores en el seno de la iglesia católica ha elegido un equipo paritario para afrontar el reto de conocer el alcance de estos hechos y establecer protocolos de prevención e incluso indemnizatorios, si bien quienes atienden directamente a las víctimas son mujeres. Myriam Salazar Muñoz es una de las profesionales que están en la primera línea de escucha y atención a las víctimas.

—¿Cuántos casos han atendido de posibles víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica desde que en febrero asumen esta misión de la Conferencia Episcopal?

—Hemos recibido entre 60 y 70 comunicaciones. Pero no todas se refieren a abusos sexuales a menores en el ámbito de la iglesia católica. Por ejemplo nos han llegado casos que se refieren a abusos de poder, pero no sexual, o de abuso sexual a menor, pero no en el ámbito de la iglesia católica sino de la evangélica (hay un caso) y abusos a mayores. Nosotros nos circunscribimos a abusos sexuales a menores o personas vulnerables en el seno de la iglesia católica.

—¿Los otros casos quedan fuera?

—Como explicamos a las víctimas, nosotros no estamos minusvalorando o no teniendo en cuenta el dolor que ha sufrido la persona por el hecho de que abuso haya sido en el seno de la iglesia evangélica y no en la iglesia católica. La cuestión está en que nuestro encargo es de la Condeferencia Episcopal Española, que es la iglesia católica. No podemos asumir otros casos aunque la gravedad es la misma.

—Entonces, ¿cuántos casos son en total de su competencia?

—Se reducen a unos 40 o 45 testimonios directos. Porque también es cierto que hay personas que conocen a otras personas que han sido abusadas.

—¿Cuántos son de la provincia de León, tanto de la Diócesis de León como de Astorga?

—De León hemos recibido dos testimonios directos que manifiestan que en el ámbito que sufrieron ellos los abusos también los sufrieron otras personas.

—¿Cómo es el procedimiento una vez que se acude a esta línea?

—Una vez que la víctima contacta con nosotros, dado que la ley de Protección de Datos lo exige, enviamos un documento que contiene, por un lado, un formulario con preguntas concretas que permite delimitar los abusos sufridos. En qué lugar ocurrieron, quién fue el victimario, si era religioso o laico de un colegio religioso, a qué orden o congregación pertenecía. Este formulario no es necesario que lo rellenen porque lo podemos hacer nosotros cuando mantenemos la conversación con la víctima, pero es recomendable para recoger más fielmente el testimonio. Por otro lado, hay un documento de Protección de Datos que sí es necesario rellenar para el tratamiento legal. Una vez que tenemos consentido el tratamiento de datos contactamos con la víctima. Generalmente por teléfono aunque también puede ser presencialmente o vía zoom, en función de lo que prefiera la víctima. Hay algunas personas que solo escriben y no quieren dejar más datos. Por otra parte, estamos manteniendo conversaciones con todas las diócesis españolas y con las congregaciones. Por petición expresa de la Conferencia Episcopal damos a conocer los casos a la diócesis correspondiente.

—En el caso de León y Astorga, ¿ya han tenido esos contactos?

—Todavía no. Está pendiente. Son más de 90 diócesis y unas 600 congregaciones, más de 400 en la Confer (Confederación Española de Religiosos).

—¿Cuál es el objetivo de este encargo?

—Básicamente, tiene tres partes. La primera parte es el mapeo, el reflejar la realidad de lo que ha estado ocurriendo en materia de abusos sexuales a menores en el seno de la iglesia católica. Iglesia entendida en sentido amplio. No queda circunscrita a sacerdotes o a monjas. Si en un colegio religioso hay un profesor laico que comete abusos, también se incluye. Tampoco se ha establecido una limitación temporal, aunque los casos más antiguos que tenemos son de los años 60 por una cuestión de edad de las víctimas. Una segunda parte consiste en establecer criterios de posible reparación a todos los niveles. No sólo a una indemnización o compensación económica. Hablamos también de la asistencia psicológica. Otra parte es estudiar los protocolos de actuación que se están adoptando en las diócesis para saber si son adecuados. También haremos propuestas para la comisión de abusos en un futuro. El objetivo último es servir a las víctimas y también a la sociedad. También un proceso beneficioso para la Iglesia. Personalmente, considero que el escándalo no es que se conozcan los abusos cometidos, sino que se cometan. Creo que el hecho de que la Conferencia Episcopal nos haya hecho este encargo refleja una voluntad de cambio. También entiendo que las instituciones deberían hacer lo propio con los abusos a menores cometidos en cualquier ámbito. Cualquier abuso sexual y especialmente el sufrido en la infancia marca profundamente y en la inmensa mayoría de los casos determina la existencia de la persona abusada. Es necesario tomar conciencia de ello.

—¿A qué instituciones se refiere? ¿A los centros de protección de menores?

—Al final, al Gobierno. En todos los ámbitos se producen abusos sexuales a menores. Cuando alguien contacta con nosotros y no podemos incluirle en el fondo les queda la sensación de ¿entonces qué pasa, no están considerando mi daño porque no fui abusado dentro de la Iglesia católica? Entiende que debe ponerse de manifiesto lo que está ocurriendo y no puede seguir ocurriendo en el futuro. Considero que la Iglesia católica está dando ese paso y nosotros hacemos este trabajo considerando que tenga una salida, una consecuencia positiva para todo el mundo.

—¿Están satisfechos de la respuesta o consideran que es escasa?

—No teníamos una expectativa en cuanto al número de personas que acudirían a nosotros. Y tampoco creemos que nuestro trabajo se esté legitimando con el número de víctimas que contacten directamente. Sin perjuicio de que animamos a contactar con nosotros a todas las personas que han sufrido abusos en el seno de la Iglesia católica. En muchas ocasiones, me sorprende que las víctimas me manifiestan que solamente con la conversación que están teniendo conmigo notan una empatía y una comprensión que en ocasiones no han recibido. Si en algo contribuimos a que las víctimas sientan que se valide su dolor pondremos nuestro granito de arena.

—¿Cómo pueden contactar?

—Bien por correo electrónico a la dirección denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com o bien por teléfono al 91 426 40 50. Podría acudir directamente al despacho, pero por lo general la víctima tiene pudor y un sentimiento de culpa porque les han hecho partícipes de lo ocurrido. Y es muy duro. Algunas sí quieren mantener un zoom o venir al despacho pero no es lo usual.

—Alguna de las asociaciones de víctimas dudan de la garantía de este trabajo. ¿Cómo garantizan a las víctimas la confianza para despejar estas dudas?

—Respetamos todo tipo de opiniones y creemos que será nuestro trabajo el que dé la respuesta. Nuestro equipo de trabajo lo forman personas con muy diversas creencias religiosas, políticas, etcétera. Lo único que tenemos en común todos los miembros del equipo es el deseo de ayudar a esclarecer lo sucedido en beneficio de las víctimas pero también de la sociedad y como decía personalmente creo que va a ser beneficioso para la propia Iglesia.

—¿Va a tener consecuencias judiciales?

—La podrá tener en el supuesto de que las víctimas acudan a la vía judicial. No estamos ejerciendo de abogados ni de una parte ni de otra. No es nuestra función. Estamos elaborando un informe auditoría en el que se podrán proponer mecanismos de buenas prácticas, prevención y criterios para la reparación de los daños. Pero siempre intento dejar claro a las víctimas que la adopción de las propuestas que hagamos en nuestro informe no va a depender de nosotros. Yo no puedo crear falsas expectativas y que quien acuda a mí entienda que le van a reparar en la medida en que querría serlo. Ojalá. que sea así sea. Nosotros recogemos las peticiones. Hay una pregunta que siempre hacemos y es de qué modo se sentiría resarcido del daño causado. Sorprende mucho porque la gente considera que la víctima lo que quiere es el dinero y lo que la mayor necesita es que se les valide y reconozca como víctima de abusos sexuales. En algunos casos se ha conseguido algún acuerdo y alguna petición de perdón y la víctima lo que más valora es esto último.

—Entonces, judicialmente la víctima tendría que ir por su cuenta, no con ustedes.

—Sí, nosotros no podemos actuar como abogados de ninguna de las partes porque no es el encargo. En el supuesto de que fuese un abuso actual, inmediatamente se pone en conocimiento de la Fiscalía o bien denunciarlo ante la Policía. Cuando son casos antiguos ya sabemos que pueden estar prescritos.

—En países como Francia se ha indemnizado a las víctimas a partir de patrimonio de la Iglesia. ¿Hay algo previsto en esta línea en este informe-auditoría?

—El informe tendrá las recomendaciones o criterios de posibles reparaciones, también indemnizatorias, por supuesto. Que se adopten o no, no va a depender de nosotros. Será la Iglesia la que tenga que hacerlo o no.

—¿Es casualidad que sean todas letradas?

—En el grupo de trabajo hay paridad entre hombres y mujeres, si bien quienes atendemos directamente a las víctimas somos mujeres. No ha sido circunstancial. Parece que tenemos una cierta empatía en el trato con las victimas.

—¿Qué otros profesionales participan?

—Es un equipo multidisciplinar con una psicóloga como Marina Peña, especialista en relaciones humanas; Jorge Cardona, que ha sido consultor en materia de Derechos de los Niños en el Alto Comisionado de la ONU de Unicef. Safira Cantos, que ha dirigido Amnistía Internacional en Madrid durante una década.

—¿Qué plazos tienen para cumplir esta misión"

—El plazo que nos fijamos fue de 12 meses y vamos a intentar cumplirlo, aunque si es necesario se ampliará. Lo importante es hacer un buen trabajo.

—¿En qué fase se encuentran?

—En recabar testimonios de las víctimas, sin perjuicio de que ya se está trabajando en los ámbitos de reparación y prevención de abusos futuros. Dentro del grupo de trabajo tenemos la suerte de contar con miembros del equipo que hizo el informe alemán o Pedro Strecht, presidente de la comisión que estudia los abusos sexuales de la Iglesia en Portugal. Pablo Gallego, un abogado argentino que consiguió meter en la cárcel a Grassi, un poderosísimo pederasta. Dentro del informe van a realizar ciertos documentos Manuela Carmena, Juan Luis Cebrián o Encarnación Roca. En total somos 32 personas.

—¿Cómo valora los casos que han llegado desde León?

—Todos los casos que nos llegan son terribles. El hecho en sí de abusar sexualmente de un menor, de aniquilar la inocencia de alguien que no tiene la capacidad para saber lo que está ocurriendo, es terrorífico. Hay que pensar que no están actuando solo contra su cuerpo, sino también contra su alma, su yo más profundo. Además, en muchas ocasiones se suma la frustración ante el silencio cuando han podido reunir el valor para contarlo. Hay muchas víctimas que se han sentido impotentes. Se sienten incomprendidas al comprobar que no se ha hecho nada contra algo tan tremendo como son los abusos.

—¿El hecho de que lo hayan denunciado años después resta valor al testimonio?

—No, la mente humana es muy complicada. Muchas han podido reunir el valor de poder contarlo muchos años después, sí. Las víctimas nos cuentan que recordaron los abusos muchos años después de haber sucedido. Tenían algo ahí pero no eran conscientes, lo cual no quiere decir que no les haya marcado en su vida. Pero a lo mejor en el momento no son capaces de recordarlo como un mecanismo de defensa, de intentar olvidar. Lo que pasa es que al final está ahí. Cuando han tenido la posibilidad de decirlo, si la respuesta que han recibido no ha sido la adecuada, entonces se produce una revictimización. Sienten que no ha servido para nada, con todo el dolor que supone revivirlo otra vez. Es sorprendente cómo recuerdan detalles muy concretos como la frialdad de las manos o el olor del victimario.

—Esto me lo comenta con respecto a todos. ¿Con respecto a los de León?

—Valoro igual todos los casos, con independencia del lugar. Todos me parecen aberraciones. No podría decir que son más terribles los de León, que los Burgos.

—En algún caso ha habido juicios y condenas en el ámbito canónico. Tenemos en Astorga el de Ramos Gordón, del que además se supo en su día que ni siquiera cumplía la condena.. ¿Qué confianza pueden tener las víctimas ante esta forma de proceder de la Iglesia?

—Cualquier víctima te va a contar la experiencia que ha tenido y si luego no ve que se haya actuado de forma contundente contra el victimario, que se haya hecho justicia, es tremendo. Supone que no puedes cerrar esa página tan terrible que has sufrido.

—¿No deberían someterse a la justicia ordinaria estos casos? Parece fuera de tiempo que se juzgue por la Iglesia.

—Suficiente no va a haber nada. Cómo se ha poder reconstruir una vida que se ha destruido. Las víctimas merecen el respeto, el reconocimiento, la validación de su dolor, la reparación en la medida de lo posible del daño sufrido y la satisfacción de contribuir a que no vuelva a ocurrir. Pero es que lo que me pregunta es algo que se escapa a nuestras manos. Sería iniciar otro debate como la imprescriptibilidad de los abusos sexuales a menores. Puedo tener una opinión pero no voy a entrar en ello. Es cierto que hay víctimas que me dicen que no entienden cómo puede prescribir.

—¿Ha entrado en vigor la ampliación de la prescripción?

—Sigue habiendo prescripción. Desde el punto de vista canónico sí se ha previsto que se levante la prescripción.

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