Diario de León

Trajes a medida para tutelar a las personas incapacitadas

Las curatelas o tutelas adaptadas a las capacidades de cada persona suponen poco más del 10% entre las personas tuteladas por la Feclem, porcentaje muy inferior —no llega al 5%— entre los expedientes de incapacidad a los que asiste la Fiscalía de León.

José Jorge con Sheila, voluntaria del programa de ocio de Feclem para personas sobre las que ejerce algún tipo de cargo.

José Jorge con Sheila, voluntaria del programa de ocio de Feclem para personas sobre las que ejerce algún tipo de cargo.

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León

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La convención de Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los estados a limitar las medidas restrictivas sobre las personas incapacitadas judicialmente, más de 1.600 en la provincia de León.

La curatela es la figura que facilita la limitación del ‘poder’ de los tutores sobre las personas incapacitadas en función de la situación de cada persona y puedan participar al máximo en las decisiones importantes de su vida, explica Luis Ignacio García, gerente de la Fundación Tutelar Feclem.

En el caso de las personas con enfermedad mental que tutela esta fundación —110 en León sobre 507 en la Comunidad— se tiende a que las personas sean privadas del mínimo de derechos. Sin embargo, sobre la estadística poco más del 10% —14 de 110— de las personas que están bajo su paraguas se rigen por el régimen de la curatela.

En otras provincias, la evolución de la curatela es más notoria. Sobre todo en Burgos y en Soria, comenta la fundación. En León sólo se registra una curatela más en 2019 respecto a 2018, mientras en el conjunto de la Comunidad se ha pasado de 58 a 67 curatelas en este periodo. «Parece que en León se realizan las tutelas de manera más tradicional», señala García.

La fundación es partidaria de que se «hagan trajes a medida» para preservar los máximos derechos de las personas. Es el caso de José Jorge Menéndez, sobre el que ejerce una curatela específica sobre el patrimonio. En los demás aspectos de la vida, Jota, que vive en una residencia de personas con enfermedad mental de la Fundación Alfaem, goza de autonomía. Las personas con curatela tienen un asistente o curador, en lugar de un tutor. Su labor se limita a asistir a la persona incapacitada, en actos administración extraordinaria. El fin no es suplir la voluntad del afectado, sino de reforzar, controlar y encauzar la incompleta capacidad del sometido a curatela, según la reforma aprobada en 2015.

La tutela, que suple el déficit de capacidad de la persona, comporta una función jurídica mediante la cual se persigue que una persona capaz cuide de la persona del incapaz y de la administración de su patrimonio, bajo el control de la Administración de justicia.

La curatela se configura en el Código Civil como una institución de guarda de la persona a quien se le nombra un asistente, en atención a su grado de discernimiento, para que pueda realizar determinados actos. Se trata, por tanto, de una institución de menor trascendencia que la tutela.

En las actuaciones sobre incapacidad que realiza la Fiscalía de León, la tendencia de las curatelas también es muy minoritaria. Según las estadísticas de 2018 —las últimas publicadas por la Fiscalía— el Ministerio Público realizó un total de 283 procedimientos de tutela, con 853 dictámenes, mientras que las curatelas fueron 16 y 30, respectivamente, es decir, menos de un 5%.

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La Fiscalía de León intervino en 276 procedimientos de incapacidad y emitió 381 dictámenes en total. Según la fiscal jefe, Carmen Morán, la Fiscalía no lleva una estadística de las incapacidades totales que hay en la provincia de León, sino de las actuaciones que los fiscales realizan en relación con las mismas.

Los datos de las personas incapacitadas son una incógnita. Para las elecciones de 2019, cuando se eliminó la prohibición de votar a las personas incapacitadas por enfermedad mental o discapacidad intelectual, se hizo pública la cifra de 1.626 personas que recuperaban el derecho al voto.

Fueron los datos aportados por las fundaciones tutelares. Sin embargo, hay muchas personas que, debido al envejecimiento y a la pérdida de capacidades asociada en determinados casos, son tuteladas por sus familiares. Estos casos están en el limbo de las anotaciones al margen del Registro Civil.

Las modificaciones judiciales de la capacidad de las personas o que éstas han sido declaradas en concurso, quiebra o suspensión de pagos son aspectos que tienen que ser anotados en el Registro Civil cuando se produce una sentencia firme. Pero no existe una estadística.

Perfil de Feclem
La mitad de las personas tuteladas tienen más de 60 años y no llegan a 10.000 euros de renta

Feclem es la única fundación tutelar de Castilla y León que cada año realiza un balance sobre el número y situación de las personas con tutela, curatela, defensas judiciales, administraciones judiciales y defensas testamentarias.

Cuando la fundación cumple 20 años de andadura suman 638 personas a su cargo. Según la memoria de Feclem, durante 2019 se han asumido 36 nuevas tutelas de los 155 expedientes que se han estudiado. «Es la cifra más alta de los 20 años que Feclem lleva trabajando para asegurar la protección de aquellas personas cuya capacidad se ha modificado judicialmente a causa de un problema de salud mental», explica la fundación.

El juez es el encargado de llamar a la entidad para asumir el cargo, con el compromiso de proteger por sus derechos, acompañarle y apoyarle en cuestiones sociales, velar por su economía y ayudarle a mejorar su calidad de vida, en la medida en que lo marque la sentencia: tutor, curador, administrador judicial o defensor judicial.

Feclem terminó 2019 con 440 tutelas, 67 curatelas, 85 defensas judiciales, 7 administraciones judiciales y 11 tutelas testamentarias, más 28 que están aceptadas y que se jurará el cargo en cuanto sea posible.

20 años de andadura
La fundación tutelar Feclem tiene a su cargo a 110 personas de León, 14 con curatela

En lo que respecta a León, de las 110 personas tuteladas o con curatela, una tercera parte (32,7/%) tiene entre 60 y 69 años y, casi otro tanto (29,1%), entre 50 y 50 años. Las tutelas de personas de más de 70 años suponen el 21%.

En cuanto a la enfermedad mental, casi la mitad —40%— tienen diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Los trastornos de personalidad y el trastorno bipolar suponen el 10 y el 12%, respectivamente. Un 49% tienen diagnóstico asociado de discapacidad intelectual, un 34% de toxicomanías y otras adicciones y 11% de discapacidad física.

El 40% vive en residencias especializadas en salud mental y solo el 3% en domicilio propio. Un 18% están en residencias de personas mayores debido a la edad y un 14% en viviendas supervisadas de servicios sociales.

La mayoría son personas con ingresos muy exiguos. El 40% tienen entre 5.000 y 10.000 euros de renta anual, mientras que solo el 18% superan los 22.000 euros.

En Castilla y León existe una fundación tutelar pública, que carece de estadísticas abiertas, en su web. Se trata de la Fundación Social y Tutela de Castilla y León.

El diputado socialista Joan Ruiz denunció en 2017 en el Congreso de los Diputados la carencia de estadísticas sobre las personas incapacitadas judicialmente. Se barajan cifras de entre 250.000 y 400.000 personas sometidas a sentencia de incapacitación judicial, pero no es una cifra que tenga fiabilidad.

 

 

 

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