domingo. 26.06.2022

El trato discriminatorio no saldrá gratis en España

El Senado aprueba la ‘ley Zerolo’, que multa con hasta medio millón a quien margine o excluya a otro por edad, sexo o etnia

Discriminar en España ya nunca más saldrá gratis. El que fuera lema vital y político del socialista Pedro Zerolo, el padre de la ley del matrimonio homosexual fallecido justo hace siete años, ya no es un deseo o una reivindicación sino una realidad. El Senado, tras cuatro intentos parlamentarios fallidos a lo largo de tres lustros, completó ayer la aprobación de la primera ley española para la igualdad de trato y la no discriminación, un texto que su firmante, el grupo socialista, apoda ‘ley Zerolo’, en homenaje a quien la promovió y defendió desde 2007 hasta pocos días antes de su muerte.

La norma que castiga el prejuicio, la marginación, las vejaciones o la exclusión contra cualquier ciudadano, sea como sea o venga de donde venga, sale adelante en vísperas de la fiesta del Orgullo por abrumadora mayoría. La respaldan dos tercios del Parlamento, todos los grupos salvo de PP y Vox. A favor de la ley, que entrará en vigor en cuestión de días, en cuanto el Congreso ratifique las enmiendas de última hora del Senado, votaron los dos socios del Gobierno, ERC, Ciudadanos, PNV, JxCat, EH Bildu y todos los minoritarios.

Respeto de derechos

La ley no crea nuevos derechos, pero se afana en que se respeten todos los existentes. Su razón de ser es que nadie puede ser discriminado por su lugar de nacimiento, etnia, edad, sexo u orientación, religión, convicciones, discapacidad, religión o situación socioeconómica. Busca que la máxima deje el plano teórico y sea una realidad en el día a día, en la escuela, la sanidad, la vivienda, el empleo, la policía y los tribunales, las compras, el acceso a locales públicos o en el mundo digital. De hecho, en este campo incide una de las novedades introducidas en el Senado a propuesta del PNV. Obliga a todo sitio web o aplicación informática a ser accesible para cualquier usuario, con especial atención a las personas mayores o con alguna discapacidad. Persigue los comportamientos que no son delito, pero sí discriminación y discurso de odio, tanto en el ámbito público como en el privado, y establece obligaciones y sanciones que pueden llegar al medio millón de euros.

La persecución de la discriminación y la imposición de sanciones es tarea de la administración concernida en cada caso. Pero, se crea la Autoridad Independiente de Igualdad de Trato, un cargo unipersonal y con autonomía funcional, similar al Defensor del Pueblo, que propondrá el Gobierno y ratificará el Parlamento por un plazo de cinco años. Apoyará a las víctimas, será órgano de mediación, investigará de oficio o a demanda, impulsará acciones judiciales y reclamará sanciones administrativas.

Algoritmos y sanciones

La norma incorpora medidas como la revisión de los algoritmos que usa la Administración en la toma de decisiones, para evitar que tengan sesgos discriminatorios, o la pérdida de la subvención de los centros educativos que obstruyan el acceso de alumnos por sexo u otras características personales

Las sanciones irán de leves (300 a 10.000 euros) a graves (10.001 a 40.000) o muy graves (40.001 a 500.000). Las más graves son la discriminación múltiple, el acoso y la presión a la autoridad. Las multas de más de 300.000 euros las impondrá el Consejo de Ministros. El dinero irá a sensibilizar contra estos prejuicios.

Para graduar el variado abanico de sanciones se tendrá en cuenta la intencionalidad, el daño, los afectados, la reincidencia, la repercusión social. La multa siempre llegará al tope si la comete un trabajador público en su función.

Una enmienda de PSOE, Podemos y Cs reforma el Código Penal y convierte el antigitanismo, la incitación al odio o la discriminación de esta etnia, en un delito idéntico al antisemitismo o al racismo (1 a 4 años de cárcel). La norma modifica el Estatuto Fiscal para consagrar por ley la existencia de la Fiscalía de Delitos de Odio con la máxima categoría y con delegados y medios propios.

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