El TSJ de Madrid rechaza las medidas que limitan la movilidad en la Comunidad

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado las medidas que restringen desde el viernes 2 de octubre la movilidad en diez municipios de la región , entre ellos la capital, al entender que son "una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare".

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso del TSJM se opone así a las medidas que prevén actuaciones sanitarias coordinadas y aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud y publicadas el pasado viernes por la Consejería de Sanidad, ha informado este tribunal.

La Sala explica que la Orden del Ministerio de Sanidad por la que se aprobaron las últimas medidas restrictivas se dicta al amparo del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, pero e n opinión de los magistrados ese artículo "no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales”.

Entienden que "las medidas limitativas de derechos fundamentales" que establece la Orden del 1 de octubre de la Consejería de Sanidad "constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada”.

E inciden en que en el orden constitucional español corresponde a los representantes de los ciudadanos en las Cortes Generales "la delimitación y la modulación de los derechos fundamentales de las personas, bajo las exigencias de proporcionalidad, certeza y previsibilidad y, en todo caso, respetando su contenido esencial”.

“Dicho de otro modo, l os derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de Ley, que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas por las exigencias de seguridad jurídica y certeza del derecho" , añade el fallo.

Marco legal

En la resolución, los magistrados precisan que ahora nos encontramos ante un marco legal "que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis" al ratificar las medidas que entraron en vigor a finales de septiembre en 45 zonas sanitarias, ya que ahora se trata de un mandato del ministerio.

La Sala asegura que es "consciente de la gravedad de la crisis sanitaria sin precedentes, ante la que se enfrentan los poderes públicos y que padece nuestra sociedad", pero también "de la necesidad de adoptar medidas inmediatas y eficaces de diversa índole para proteger la salud de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud, entre las que cabría incluir medidas limitativas de derechos fundamentales de mayor o menor alcance".

"Para ello nuestro sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garantías constitucionales”. concluye. 

La postura de Illa

El ministro de Sanidad, Salvador Illa , ha asegurado este jueves que adoptará "las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud" de los ciudadanos tras el rechazo judicial a las medidas que restringen la movilidad en diez municipios de Madrid, un asunto que quiere analizar esta misma tarde con la Comunidad de Madrid.

"Pensemos siempre en los enfermos, las familias y los sanitarios; a partir de aquí y, guiados por lo que los expertos nos aconsejan, adoptaremos las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud", ha dicho Illa, quien se ha mostrado seguro de que la Comunidad de Madrid "coincidirá con este planteamiento".

Lo ha manifestado en una comparecencia en el Congreso poco después de que se conociera el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a las medidas que desde el viernes 2 de octubre restringen la movilidad en diez municipios de la región, entre ellos, la capital, al entender que afectan a los derechos y libertades fundamentales.

Illa ha asegurado que esta cuestión debe ser analizada en el Grupo Covid-19, "que es donde debe tomarse una decisión y que he pedido que se reúna esta misma tarde".

El ministro ha recordado que de las reuniones que solicitó la Comunidad de Madrid se derivaron unas recomendaciones técnicas del Ministerio de Sanidad y en el respaldo a una acción de salud pública a nivel nacional a través de un acuerdo aprobado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se publicó en el BOE.