jueves 26/5/22
                      Revisión de una mujer embarazada en el Instituto Maternal de Lima en Perú, en una foto de archivo. PAOLO AGUILAR
Revisión de una mujer embarazada en el Instituto Maternal de Lima en Perú, en una foto de archivo. PAOLO AGUILAR

«Éxito 100%», «El mejor precio y clínicas», «Elección legalmente segura», «Junto a vosotros de principio a fin». Numerosas agencias se publicitan en internet con total impunidad para facilitar la gestación de un bebé con vientre de alquiler, un método que, según el Tribunal Supremo, viola gravemente los derechos humanos y constitucionales. Hace ya casi una década que el Alto Tribunal dejó claro que los vientres de alquiler vulneran normas inspiradas en valores constitucionales, como la dignidad de la persona, el respeto a su integridad moral y la protección de la familia, pero las agencias de intermediación han seguido trabajando sin cortapisas y con total libertad en el país.

En 2017 fue el Comité de Bioética el que, en un prolijo informe, pidió reformas legales para imposibilitar en la práctica la maternidad subrogada, comenzando por garantizar la nulidad de los contratos celebrados en el extranjero y por sancionar a las agencias que se dedican a esa actividad.

La mayoría de ese Comité concluyó que «todo contrato de gestación por sustitución entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor».

El presidente del Comité, Federico de Montalvo, recuerda que la gestación subrogada en España no está prohibida en sí, y una empresa que ofrece estos servicios no está desarrollando una actividad prohibida. «Lo que establece la ley es que el contrato no surte efectos jurídicos, lo cual es un poco extraño que yo pueda ofrecer un servicio cuyo contrato sea nulo», apunta.

Y a pesar de que en el informe el Comité apostaba por la prohibición de estas agencias, De Montalvo señala que es un «muy escéptico» que esta propuesta pueda surtir efecto porque los vientres de alquiler son «un problema internacional», con lo que sería «poner puertas al campo».

«Al final te acaba apareciendo la pareja con el niño porque vivimos en un mundo globalizado», reflexiona el presidente del Comité de Bioética, que incide en que el debate también se centra en qué hacer cuando esa pareja no tiene conexión biológica con el bebé, entonces «¿ese deseo le hace legítimo titular de la patria potestad?», añade.

El objetivo del Ministerio de Igualdad es abordar la gestación subrogada en la reforma de la ley del aborto, reconocer esta práctica como «explotación reproductiva», establecer sanciones y prohibir la actividad y la publicidad de empresas y agencias que promuevan esas prácticas, según han señalado en varias ocasiones sus representantes. El Supremo denunció la semana pasada cómo la realidad se sitúa por encima de las leyes y convenios internacionales y las agencias intermediadoras «actúan sin ninguna traba» en España, participan en ferias y publicitan su actividad en internet, donde muestran una amplia oferta para el público español. Y lo hacen, advirtieron los magistrados, aunque la ley general de publicidad ya considera ilícita «la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos de la Constitución Española».

Vientres de alquiler, negocio impune
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